Defensa de alias Otoniel denuncia interrupción abrupta de militares en su celda

El hecho habría ocurrido en medio de una audiencia en la que representantes de la Comisión de la Verdad escuchaban al procesado

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Foto de archivo. Dairo Antonio
Foto de archivo. Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", máximo líder del clan del Golfo, es fotografiado tras ser capturado, en Bogotá, Colombia, 23 de octubre, 2021. Policía nACIONAL de Colombia/via REUTERS

Durante una nueva audiencia por el caso de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, cabecilla del Clan del Golfo, realizada este 17 de febrero, se habría presentado una interrupción violenta por parte de la fuerza pública. La situación fue denunciada por Legal Services S.A.S, equipo de defensa del sindicado, que asegura que desde que empezó el proceso jurídico han percibido la hostilidad de los militares.

“El equipo de defensa jurídico del señor Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, denuncia que el día de hoy, 17 de febrero de 2021, la audiencia realizada por la Comisión de la Verdad y nuestro defendido, en la sede de la DIJIN, fue abruptamente interrumpida por miembros de la fuerza pública”, informó Legal Services a través de un comunicado de prensa.

Se indicó que este jueves en la mañana, en la celda donde permanece recluido Otoniel, dentro de la sede de la Dijin, se adelantaba una audiencia en la que el comisionado Alejandro Valencia Villa y un investigador de la Comisión de la Verdad escuchaban al procesado. Los abogados cuentan que los militares interrumpieron y obligaron a los representantes de la entidad estatal y a la defensa a retirarse el lugar.

Legal Services asegura que los uniformados justificaron la situación argumentando que la comandancia de la Policía Nacional había dado la orden para interrumpir la audiencia y desalojar al comisionado y a los demás presentes. Sin embargo, hasta el momento no se sabe qué habría provocado que la coordinación del ente tomara esa decisión.

La defensa de alias Otoniel señala que estos hechos “bloquean el importante avance logrado en la construcción de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia”. Indica, además, que desde que iniciaron las audiencias entre el líder del Clan del Golfo y representantes de entidades adscritas al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), no se han garantizado los derechos del procesado.

“Reiteramos que desde el inicio de las audiencias con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, se ha evidenciado un ambiente hostil de los miembros de la fuerza pública. Esta situación impide que las audiencias se realicen en mínimas condiciones de confidencialidad y privacidad, indispensables para este tipo de procedimiento”, asegura Legal Services.

El jefe del Clan del Golfo inició su vida criminal en la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en los 80, pero luego dio un salto ideológico cuando llegó en 1996 a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (AccU). Con está trayectoria se convirtió en uno de los principales narcotraficantes del país en el Clan del Golfo.

Hay que recordar que Otoniel es señalado de abusar sexualmente de 113 niñas, quienes han asegurado que tenían relaciones con él a cambio de dinero y también es sindicado del delito de reclutamiento forzado de menores.

Además de rendir cuentas en Colombia, el líder del grupo criminal está esperando ser extraditado. Otoniel es solicitado por el Gobierno de Estados Unidos por el envío de varias toneladas de droga durante años anteriores. Uno de los más interesados para que Úsuga pague sus delitos ante la justicia internacional ha sido el presidente de la República Iván Duque Márquez.

Otoniel también ha expresado su deseo de colaborar con la justicia, sin embargo, sus abogados señalan que situaciones como la que denuncian hoy afectan el proceso. Aseguran que acudirán a organismos internacionales para buscar garantías para el procesado.

“Acudiremos a las instancias internacionales para defender los derechos de las y los colombianos en saber la verdad. Reafirmamos el compromiso de nuestro defendido en colaborar irrestrictamente con la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad para que las victimas del conflicto armado puedan conocer la verdad de los hechos tan dolorosos para nuestro país”, concluye Legal Services.

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