Por 10 años de demora para resolver fallos judiciales, víctimas del Palacio de Justicia recusan a magistrado

Han pasado diez años desde que las familias de víctimas del holocausto del Palacio de Justicia presentaran una apelación contra la sentencia de primera instancia del Juzgado 53 Penal del Circuito, que absolvió a los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Fernando Blanco Gómez y al sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno, de sus responsabilidades en materia de desaparición forzada y tortura entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, desaparecido durante la toma del M- 19 al Palacio Justicia y que fue retomado por la Fuerzas Militares, a sangre y fuego, recusaron al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermes Darío Lara Acuña, por demorarse diez años para resolver la apelación instaurada contra el fallo que absolvió a los militares mencionados.

El abogado Jorge Eliécer Molano señaló que, “a todas luces en este caso se violó el plazo razonable para resolver la apelación”.

“Ya se cumplieron 3.650 días, violando todos los términos y el derecho a la verdad, a la justicia, ahondando la inseguridad y los estándares nacionales e internacionales, resultando ser colaborador en la siembra de patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos”, indicó el representante de Rodríguez Vera, que se desempeñaba como administrador de la tienda del Palacio.

En ese mismo sentido señaló que, “la actuación del magistrado Lara Acuña es revictimizante a todas luces, la ausencia de respuesta en diez años hace que se mantenga el pacto de silencio y de impunidad absoluta por los encargados de impartir justicia en representación del Estado”.

Para el momento de la toma por parte de la guerrilla del M-19, el general (r) Ramírez Quintero estaba al frente del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del batallón Charry Solano del Ejército para noviembre de 1985. Junto al sargento (r) Arévalo fueron admitidos esta semana en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Ramírez Quintero había sido procesado por la desaparición de personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985 y hasta el día de hoy es señalado de haber tenido conocimiento de “seguimientos y actividades ilegales” en contra de los miembros de la UP.

El abogado Molano también aseguró que, “las autoridades judiciales no han dado cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la investigación y oportuno juzgamiento de los responsables de las desapariciones y demás delitos cometidos por el Estado en el Palacio de Justicia”.

“La extrema dilación en resolver el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria del oficial retirado Iván Ramírez, contribuye a la impunidad y a la revictimización de nuestros desaparecidos”, manifestó Molano.

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Cabe recordar que la última información que se conoció sobre la toma fue revelada por la Comisión de la Verdad, que en un informe, que contempla videos en 3D y reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó ese día en el centro de Bogotá, y muestra cómo los trabajadores de la cafetería, estudiantes, visitantes, guerrilleros y magistrados que fueron clasificados como ‘especiales’ o ‘sospechosos’ fueron detenidos, llevados a diferentes instalaciones militares de la ciudad, torturados, ejecutados y, en algunos casos, desaparecidos por la por las Fuerzas Armadas.

Ahora, los oficiales admitidos en la JEP tendrá 15 días para aportar su compromiso con la verdad de manera escrita, y dar a conocer detalles de cómo se adelantó la retoma del Palacio, y reconocer las distintas irregularidades y crímenes de los que haya tenido conocimiento y participación.

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