“Nos preocupa que la respuesta del Estado ante la grave situación social sea la negación”: obispo de Quibdó

A través de una carta dirigida al presidente Iván Duque, la Iglesia católica junto a otras confesiones, organizaciones etnicoterritoriales, y organizaciones sociales del Chocó, solicitaron una reunión de alto nivel del Gobierno nacional, acompañada por la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación y garantes de la comunidad internacional, para que se atienda de manera inmediata la situación de violencia que se está viviendo en el departamento de Chocó.

De acuerdo con monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, el objetivo de la reunión es exponer los hallazgos de las misiones humanitarias del año pasado y hablar de la grave situación de violencia que se vive en el territorio.

“El Gobierno ha dicho que se está dando una buena intervención en el Chocó y que están cumpliendo con sus deberes constitucionales, lo cual nosotros lo rechazamos, creemos que no es así y hay compromisos que se deben fortalecer”, manifestó monseñor Barreto a los medios de comunicación, en una rueda de prensa realizada en la tarde del 15 de febrero de 2022.

Uno de los grandes focos de violencia que se viven en esta zona del país se debe a las militarización de las últimas semanas, con el objetivo de luchar con los grupos armados ilegales. “Obviamente la fuerza pública debe cumplir con función constitucional de proteger a la sociedad civil, pero si se aborda como el único aspecto no resolverá la situación porque aquí hay problemas sociales de fondo”.

El pedido de esta reunión por parte de la Conferencia Episcopal nació de las descalificaciones que realizó el Ministerio de Defensa ante un informe que abordó la crítica situación humanitaria y de orden público en los departamentos de Antioquia y Chocó,

“Nos preocupa que la respuesta del Estado ante la grave situación social, visibilizada a través de las misiones humanitarias, sólo tenga una respuesta de negación, que pueda contener en el fondo la intencionalidad de silenciar lo que está ocurriendo en el Chocó y occidente de Antioquia”, señaló el obispo de Quibdó.

El informe presentado en noviembre de 2021 indica que de los desplazados del año pasado en los dos departamentos, solamente 11.700 personas han podido regresar a sus territorios originales. Esto significa que más de 61.600 personas se mantienen desplazadas en comunidades de acogida, que en su mayoría no cuentan con los recursos necesarios para suplir las necesidades intersectoriales de los desplazados.

La comunidades indígenas del territorio del Chocó también le piden al Gobierno nacional un acompañamiento a las víctimas de hostigamientos por parte los grupos armados, para que no ocurran más homicidios en su territorio. Para eso, pide una respuesta concreta y oportuna del Gobierno nacional para dar una solución a la situación de violencia que se vive en su departamento.

El informe reportó que en los casos de confinamiento las comunidades indígenas son las más afectadas. Al menos 44.300 personas pertenecientes a grupos étnicos tuvieron que encerrarse en sus territorios, lo que representa el 67,5 % de los afectados en esta modalidad. A ellos le siguen las comunidades afrodescendientes con 11.600 confinados (18 %).

Otros de los puntos destacados sobre la situación que se vive en Chocó es que el 69 % de los chocoanos vive en la pobreza, una zona que además tiene el índice de desempleo más alto del país, la tasa más alta de analfabetismo y su capital, Quibdó, presenta el índice de homicidios más alto de Colombia.

La agenda planteada por la Conferencia Episcopal de Colombia buscará que el Gobierno nacional concrete acciones que atiendan la crisis humanitaria en Chocó, occidente antioqueño y el Pacífico colombiano.

Por último, el obispo Barreto también mencionó que espera que los candidatos a la Presidencia de la República den respuesta a las situaciones que se están viviendo en los territorios, con alternativas diferentes a las intervenciones militares

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