Miguel Uribe denunció el POT de Claudia López, busca que el proyecto vuelva al Concejo

El decreto por el que fue expedido el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá deberá afrontar un largo debate jurídico por demandas que buscan derogarlo por supuestos vicios en su trámite. Una de ellas, la que presentó el ex secretario de Gobierno Distrital, Miguel Uribe Turbay, ante el Circuito que buscará echar para atrás el proyecto de Claudia López.

El POT de la alcaldesa cumplió los 90 días en el Concejo Distrital en los últimos meses del 2021, pero los cabildantes no lograron llegar a un acuerdo por una cantidad de recusaciones a los miembros, que impedían realizar el trámite y la discusión hasta no resolverlos.

Luego de que se terminaran las sesiones ordinarias del Concejo, la alcaldesa López expidió el 29 de diciembre el Plan por decreto, pese a que los concejales se habían opuesto y no había unanimidad para aprobarlo.

“La alcaldesa no tenía la facultad legal para expedir este Plan de Ordenamiento Territorial por el incumplimiento del término necesario para que el Concejo discutiera el mismo”, señaló el candidato al Senado, Miguel Uribe.

Él radicó una nueva demanda, en la que sostiene que, con base en la ley 388 de 1998 y 810 de 2003, el cabildo distrital tenía 90 días para discutir el plan, pero 48 de estos se fueron en recusaciones impidieron desarrollar las sesiones y avanzar de fondo sobre los artículos.

“Recusaciones y conflictos de interés que fueron promovidos como una estrategia mañosa para dilatar la discusión y para distraer las críticas sobre este proyecto. En ese sentido, el Concejo de Bogotá debería tener 48 días más para haber terminado la evaluación del proyecto y así darle cumplimiento al término legal”, sostuvo Uribe Turbay sobre su denuncia.

Las recusaciones fueron interpuestas durante las sesiones del año pasado por supuestos ciudadanos preocupados, pero hubo casos de suplantación que la misma presidenta de la corporación, María Fernanda Rojas, anunció que denunciaría.

Sin embargo, para Uribe es claro que las recusaciones fueron tramitadas por la administración distrital, dijo al diario El Tiempo, para quemar el tiempo de discusión y llegar al punto de poder expedirlo por decreto, que es posible en cuanto el cabildo no toma una decisión al respecto: aprobarlo o archivarlo.

En ese sentido, 48 días de los 90 reglamentarios fueron utilizados para resolver impedimentos y conflictos de interés de los concejales. Ese tiempo no debe contarse dentro del trámite, sino que se suspenden los términos por lo que aún habría posibilidad de discusión, explicó el candidato del Centro Democrático.

De acoger sus argumentos, la alcaldesa López no habría tenido competencia para expedir el POT por decreto, debido a que la discusión en el Concejo no había concluido para el momento en que ella firmó su expedición.

El pasado 11 de febrero la alcaldesa inauguró las mesas de concertación que instalará para discutir el POT con los sectores interesados e iniciar su reglamentación. Según ella, el proyecto denominado Bogotá Reverdece tiene un blindaje jurídico para proceder.

Este 14 de febrero se reunieron la alcaldesa y la secretaria de Hábitat con organizaciones de recicladores, uno de los sectores que más cuestionaron el proyecto durante su concertación, para saber cómo se tendrá en cuenta su labor dentro del plan de aprovechamiento de recursos en las basuras.

Por su parte, el Concejo Distrital también inició la discusión de una reforma del reglamento interno que impida situaciones como la presentada en la discusión del POT. Hay seis proyectos de acuerdo con el mismo objetivo, que consideran que el trámite de recusaciones e impedimentos como está establecido en la Ley 1437 de 2011 facilita las actuaciones dilatorias y pone en riesgo los principios constitucionales de eficacia y eficiencia de la función pública.

Entre los proyectos, que apoya el presidente Samir Abisambra, se busca las recusaciones sean en términos de beneficio probado y no únicamente interés. Así como que se tramiten de forma expedita, poniéndolo a consideración de la misma sesión de Plenaria o Comisión Permanente, para que se decida aceptar o negar, con el fin de agilizar la votación.

Respecto a las recusaciones, Abisambra propone que se cree un artículo para exigir una carga argumentativa mínima y, a su vez, tramitarlas por la Comisión de Ética que será la encargada de votarlas individualmente o en grupo según las causales para evitar dilaciones.

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