En la tarde de este martes se conoció que el juzgado 74 municipal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porky y Ángel Rolando Colina Lugo, alias Ángelo, por el homicidio de Natalia Castillo, periodista que trabajaba en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como asesora de comunicaciones.
El juez decidió enviar a la cárcel por los delitos de hurto calificado y homicidio agravado a los dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes en un principio no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador y Daniel Gómez, fiscal del caso, los autores de este crimen, ejecutado en el sector de Galerías el 24 de diciembre del año pasado, usaron un arma modificada a punto de que el proyectil que causó la muerte de Castillo tenía adherida una esfera metálica, generándole a la víctima serias heridas al costado izquierdo del cuerpo, concretamente cerca de su corazón.
Cabe mencionar que luego de lo ocurrido, la joven fue trasladada a la Clínica Palermo, donde falleció minutos después.
Asimismo, el relato conocido en la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo desde el pasado sábado 12 de febrero indica que las pesquisas arrojaron que, luego de cometer el crimen, alias Porky y Ángelo se trasladaron al barrio Santa Fe, en la calle 22 con carrera 14. Allí habrían accedido a las cuentas bancarias de la comunicadora para realizar transferencias de dinero que fueron retiradas no en la capital del país, sino en Medellín. Dichos movimientos habrían sido realizados desde los teléfonos celulares de los amigos de Castillo, quienes se encontraban en el momento de su asesinato.
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Además, mediante estas transferencias bancarias y retiros se hicieron con una suma que rodea los 13 millones de pesos.
En el testimonio, el funcionario precisó que previo a lo ocurrido, los sujetos ya les habían hecho un seguimiento tanto a la periodista como a sus acompañantes a bordo de un vehículo Renault Clío, realizando varios recorridos en las inmediaciones al lugar donde las víctimas departían. En ese sentido, en un trabajo conjunto entre la Policía Judicial y la Fiscalía General hicieron labores de rastreo a 15 cámaras de seguridad que se encuentran en la zona, encontrando que dicho carro esperó a sus víctimas hasta cometer el hurto y el posterior homicidio.
Dichos elementos fueron suficientes para que la Fiscalía pidiera una medida de aseguramiento contra los acusados; sin embargo, sus abogados replicaron que debería “plantearse” esta medida, pues a pesar del testimonio del ente acusador, “no representarían un peligro para la sociedad”.
En ese sentido, el juez indicó que ambos sujetos sí representan un peligro para la sociedad y que incluso harían parte de una banda delincuencial organizada, dedicada al hurto de celulares en Bogotá, manifestando que los dos implicados deberán continuar este proceso desde un centro carcelario.
Por último, la defensa de Javier Enrique Ramírez Gómez y Ángel Colina Lugo no interpusieron recurso de reposición o apelación a la decisión tomada por el juzgado 74.
Vale recordar que en este caso habría colaborado una persona que conocía a uno de los criminales, según sostuvo el general Jorge Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien agregó que en la banda mencionada también hay ciudadanos colombianos.
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