Corte Suprema de Justicia envió a la JEP la investigación a los congresistas de las extintas Farc por el magnicidio de Ávaro Gómez

La investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado que le llevan en la Corte Suprema de Justicia a los congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo, este último más conocido como Carlos Antonio Lozada, fue enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque en el alto tribunal consideraron que en la justicia transicional tienen competencia privativa, preferente y prevalente en este caso.

En el informativo de la televisión pública RTV Noticias informaron que el proceso, en el que investigan también los homicidios del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano, el exministro de Defensa Fernando Landazabal Reyes, el exrepresentante a la Cámara Pablo Emilio Guarín Vera y el exguerrillero José Fedor Rey, fue remitido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que por competencia investiga y procesa judicialmente a los integrantes del Legislativo. dejó este caso.

En RTVC Noticias recordaron que esta indagación inició el año pasado luego de que ante el tribunal de paz Catatumbo y Lozada aseguraran que ordenaron que fuera ultimado el líder conservador el 2 de noviembre de 1995 en las afueras de la universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá.

Entre tanto en el periódico El Nuevo Siglo, que dirigió en su momento el mismo Gómez Hurtado, reseñaron que los antiguos jefes subversivos atribuyeron el magnicidio del líder conservador a una orden desde el secretariado de la otrora guerrilla, que perpetraron integrantes de la red urbana Antonio Nariño.

Mientras que en la emisora La Fm indicaron que Lozada señaló en su comparecencia ante la JEP que alias Danilo, Chanyanne y Fredy fueron los autores materiales de este crimen, pero que fallecieron años después en un operativo policial en la misma década en que ocurrió el magnicidio.

El ahora senador agregó que hubo un cuarto sicario, que se conocía en el extinto grupo ilegal como ‘Sebastián’, del que señaló que se desconocía su paradero.

En esa ocasión Lozada también sostuvo que luego de recibir la orden del secretariado para ejecutar el crimen, su planificación y ejecución se aceleró para llevarlo a cabo en un mes.

En esta aparente reconocimiento por el crimen incluso terció la ahora candidata al congreso Piedad Córdoba, que esta semana volvió a estar en el ojo del huracán por su cercanía con las Farc y las acusaciones de uno de sus asesores de sacar partido en las liberaciones de secuestrados de esa extinta guerrilla.

En el Nuevo Siglo añadieron que la familia de Gómez Hurtado no le da crédito a esta versión de los excombatientes y por el contrario consideraron que se trataba de desviar la investigación en la que se maneja la hipótesis de que detrás del magnicidio estaría el gobierno de la época y que se lleva en la justicia ordinaria, que sigue en curso desde hace más de 20 años y que también fue declarado como crimen de lesa humanidad en 2017.

“Salir ahora con el cuento de las Farc es completamente extemporáneo. En el momento en que asesinaron a mi padre (esa guerrilla) no estaba jugando ningún papel y (tampoco se trató de) un acto revolucionario para, además, callarlo 25 años, pues esa mentira no se la pueden creer ni ellos mismos. No cabe duda de que fue un ‘crimen de Estado’ y que personas que formaron parte del Gobierno, como Fernando Botero, (lo corroboraron)’”, destacaron de lo que había dicho Mauricio Gómez, hijo del líder conservador, en la supuesta confesión de los congresistas de las antiguas Farc.

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