El Ejército Nacional cometió crímenes de lesa humanidad en la toma al Palacio de Justicia, asegura la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz se encuentra desglosando todos los apartes de la Toma al Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre del año 1985. El asalto cometido a manos del M-19, también tuvo otros delicados hechos que involucran al Ejército Nacional, quien según la JEP habría sido participe de crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma.

Según la JEP, en los hechos de la retoma el Ejército habría incurrido en un ataque sistemático, argumentando que los miembros de la guerrilla del M-19, se encontraban fuera de combate, además de haber presencia de población civil. Es importante resaltar que registros fílmicos demuestran que varias personas salieron con vida del Palacio de Justicia y posteriormente nunca aparecieron.

En este sentido la Sala de Definiciones Jurídicas de la JEP, señala: “Una vez examinado cada uno de los presupuestos señalados, la SDSJ concluyó que las acciones perpetradas los días 6 y 7 de noviembre de 1985 cumplían lo consagrado en el artículo 7° del Estatuto de Roma y en este sentido señaló que estas atentaron contra la humanidad en la medida que hicieron parte de un ataque generalizado o sistemático, dirigidas contra militantes del M-19, puestos fuera de combate y contra la población civil con conocimiento de dicho ataque por parte de las autoridades”.

Los crímenes en los que habrían incurrido miembros del Ejército, están citados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, que destaca: “Crímenes de lesa humanidad: los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, principalmente, las fuerzas militares estarían implicadas en Asesinato y Desaparición forzada de personas.

Varias denuncias afirman que el Ejército no permitió la entrada oportuna de los cuerpos forenses y de socorro al Palacio e incluso fueron ellos quienes realizaron el traslado de cadáveres dentro del recinto, según la JEP: “El hecho de que algunos miembros del Ejército Nacional, entre estos, oficiales superiores y de insignia hayan utilizado la institución castrense para desaparecer forzadamente un número plural de víctimas, permite deducir efectivamente el carácter generalizado (cuantitativo) de la conducta consagrada en el Estatuto de Roma, muy a pesar de que hasta el momento solo ha sido posible dilucidar la responsabilidad del hoy solicitante frente a cinco víctimas”.

Esa tarde de noviembre, 35 guerrilleros fueron los que incursionaron en la Toma del Palacio, tras el cruce deliberado de disparos se dio la orden desde el Ejército para la retoma o Plan Tricolor, en donde de manera desproporcionada intentaron ingresar vehículo tipo Urutú o Cascabel, que tienen características de tanque de guerra, la JEP señaló: “En lo que respecta al elemento sistemático, esta Sala advierte que las desapariciones forzadas llevadas a cabo con ocasión al “Plan Tricolor 83″ se caracterizaron por seguir un patrón inspirado en un objetivo específico como lo era la aniquilación o destrucción de los integrantes del M-19. Frente a este aspecto, la Corte Suprema de Justicia, al examinar el acervo probatorio sobre el operativo desplegado por la Décima Tercera Brigada, estableció que no hubo espacio para diálogos o negociaciones y los comandantes militares, ante la decisión del presidente Belisario Betancur de no intervenir”.

Es importante resaltar que, durante la Toma al Palacio de Justicia, hubo llamados de auxilio y solicitud de Cese al Fuego por parte del presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía, no obstante, hubo caso omiso a su proclama y terminó muerto dentro del edificio. Tras años de investigación, no hubo esclarecimiento de los hechos, pero según la Comisión de la Verdad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, murió producto de una bala del Ejército Nacional.

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