Denuncian agresiones y persecuciones contra reincorporados en Caquetá

El domingo 13 de febrero reincorporados del centro poblado Óscar Mondragón del Espacio Territorial de Miravalle, Caquetá, denunciaron públicamente la grave situación en la que viven los firmantes del Acuerdo Final de Paz en la región.

“Desde el centro poblado Óscar Mondragón en el Espacio Territorial de Miravalle, Caquetá, nosotros los firmantes del Acuerdo de Paz, hoy en proceso de reincorporación, queremos denunciar de manera pública las agresiones y persecuciones a nuestra vida como población a las que estamos expuestos”, así empieza el comunicado a la opinión pública.

Los firmantes de paz señalan puntualmente un caso que sucedió el pasado sábado 12 de febrero. Según la denuncia, cerca de las 8 y 20 de la noche, dos reincorporados integrantes del ETCR de Miravalle, los señores John Sebastián Rivas Narváez y Leonardo Agudelo Murillo fueron atacados sin orden judicial y sin mediar palabras por parte de miembros de la Policía Nacional de San Vicente del Caguán.

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Los agredidos son escoltas que pertenecen a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y hacen parte del esquema de seguridad de Lucila Moreno Páez, otra firmante del acuerdo. Los hechos se desataron cuando Rivas Narváez recibió un golpe en su cabeza por la espalda por parte de un sujeto vestido de civil quien jamás se identificó como funcionario policial.

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Según los denunciantes el ataque fue realizado por efectivos de la policía de San Vicente del Caguán Caquetá, al mando del capitán Diego Restrepo, minutos después de haber dejado a la protegida en un hotel.

Según el relato de la denuncia, el atacante cayó al piso y en ese momento empezó un intercambio de disparos entre los supuestos policías y Agudelo Murillo, que intentó socorrer a su compañero. Una de las balas impactó en una de las piernas de Rivas Narváez.

“Esta clara agresión contra estas dos personas reincorporadas es un ataque directo contra el proceso de paz en Colombia, demostrando que la fuerza pública con su actuar están detrás del exterminio de los firmantes del Acuerdo de Paz”, señalan desde el ETCR Miravalle.

A raíz del intercambio de disparos, según la denuncia, Agudelo Murillo está en proceso de judicialización por parte de la autoridades y Rivas Narváez se recupera de su lesión. Por eso, la ex combatiente Moreno Páez se encuentra sin el esquema de seguridad.

“La UNP no ha realizado gestiones para salvaguardar la vida de nuestra líder. Responsabilizamos al Gobierno nacional, Policía Nacional, al Ejército Nacional en particular al batallón 70 y a la Unidad Nacional de Protección UNP, por la vida, la seguridad e integridad física de nuestra compañera y de todos los reincorporados que viven en el departamento de Caquetá”, finaliza el documento firmado por el Centro Poblado Óscar Mondragón.

Por su parte, la Mesa Autónoma de Reincorporación (MAR), respalda la denuncia pública realizada desde el ETCR de Miravalle. “Se trata de un ataque directo contra el proceso de paz, que se suma al clima de inseguridad física que rodea a los firmantes del acuerdo de paz entre la FARC-EP y el Estado colombiano.”

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Según cifras de Indepaz, desde el la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 303 firmantes de paz. Cuatro casos se han presentado durante 2022.

Por último, la MAR hizo un llamado a la Misión de la ONU y países garantes, y a la solidaridad de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, para la realización de una visita al antiguo ETCR de Miravalle y supervisar la situación en la que se encuentran los excombatientes.

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