Conferencia Episcopal de Colombia solicita reunión con el gobierno para tratar situación de violencia en Antioquia y Chocó

Un informe redactado por dicha organización, en compañía de actores sociales en los territorios, fue desvirtuado por el ministerio de Defensa

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Imagen de archivo. A corte
Imagen de archivo. A corte de 26 de enero, se documentaron 14 homicidios en Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño. (Colprensa-Sergio Acero)

Ante las objeciones planteadas por el ministerio de Defensa con respecto a un informe elaborado por la Conferencia Episcopal que abordó la crítica situación humanitaria y de orden público en los departamentos de Antioquia y Chocó, dicha organización solicitó una reunión de alto nivel con el gobierno para discutir dichos temas.

La incomodidad de la Conferencia Episcopal nació de las descalificaciones que realizó Defensa ante lo presentado en dicho informe; incluso, la cartera exigión rectificaciones a 12 organizaciones sociales con presencia en las zonas reseñadas en el documento, entregado en noviembre de 2021.

En defensa de la labor realizada en conjunto con actores sociales en los territorios, la Conferencia expresó que la calificación de si es o no verdad lo expuesto en el informe no compete a los actores del conflicto ni a los funcionarios públicos, dado que lesiona el derecho a la verdad y a saber la verdad con respecto a la violencia.

Para la organización, la respuesta del ministerio restringe el desarrollo de su labor, la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la participación.

Desde la entrega del informe hasta la solicitud elevada al gobierno nacional —gestionada a través de una carta enviada en enero de 2022—la Conferencia recibió dos solicitudes formales de rectificación por parte del Ejército al tiempo que el ministerio de Defensa desvirtuó los informes y la alta consejería para la paz afirmó que está invirtiendo en el territorio.

La agenda planteada por la Conferencia Episcopal de Colombia buscará que el gobierno nacional concrete acciones que atiendan la crisis humanitaria en Chocó, occidente antioqueño y el Pacífico.

Desplazamiento al alza en Colombia

Desplazamiento por conflicto armado en
Desplazamiento por conflicto armado en Colombia.

El conflicto interno colombiano, que se ha recrudecido en el último año, dejó alrededor de 73.900 personas desplazadas en 2021, lo que significa un aumento del 181% en comparación con 2020.

Estas cifras fueron reveladas este 14 de febrero por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), que señala que la situación más crítica se vivió en la región pacífica.

Chocó, Cauca y Nariño son los departamentos más afectados. Estos departamentos concentran más del 75 % de las emergencias por desplazamiento masivo y confinamiento.

El informe indica que de los desplazados del año pasado, solamente 11.700 personas han podido regresar a sus territorios originales. Esto significa que más de 61.600 personas se mantienen desplazadas en comunidades de acogida, que en su mayoría no cuentan con los recursos necesarios para suplir las necesidades intersectoriales de los desplazados.

Las principales necesidades de la población desplazada se basan en carencias de protección y acceso a alojamientos temporales, a alimentos, a servicios de salud, educación y acceso a agua segura.

La OCHA revela que 65.600 personas tuvieron que confinarse en el país por la presencia y el accionar de los distintos grupos armados. Adicionalmente, más de 85.700 personas han sufrido fuertes restricciones a la movilidad a través de la imposición de toques de queda y códigos de conducta por parte de los subversivos. Esto deriva en problemas para el acceso a bienes y servicios.

Indica que en estos casos de confinamiento las comunidades indígenas son las más afectadas. Al menos 44.300 personas pertenecientes a grupos étnicos tuvieron que encerrarse en sus territorios, lo que representa el 67,5 % de los afectados en esta modalidad. A ellos le siguen las comunidades afrodescendientes con 11.600 confinados (18 %).

En contexto | Desplazamiento forzado en Colombia aumentó un 181 % en 2021

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