Con el fin de recuperar los 70.000 millones que siguen en poder de la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) creó un grupo legal élite para llevar el caso. A partir de este 14 de febrero, los miembros de esta comisión trabajarán exclusivamente en el caso. El objetivo es que no se cometan errores, evitar retrasar el proceso y así recuperar el dinero rápidamente.
“El grupo élite legal se encarga de cuidar que cada paso que estamos dando sea tan riguroso que nos impida fallar, porque lo peor que nos puede pasar es cometer un error que haga que se nos caiga todo el proceso”, aseguró Carmen Valderrama, ministra TIC, en entrevista con El Tiempo.
Se destacó que a la fecha la deuda ya no es de 70.000 millones, sino de 74.000, porque se han sumado intereses y costos de indexación de esos recursos en las arcas del Estado.
La ministra Valderrama aseguró que a este punto ya se han surtido gran parte de esos requisitos que la ley de contratación impone en estos casos. En este sentido, resaltó que se ha logrado decretar el embargo definitivo de bienes y maquinaria por el valor de la cláusula penal del contrato, por 39.000 millones de pesos. Además, ya se han empezado a judicializar a los implicados.
Hay que recordar que el pasado 22 de diciembre la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a cinco personas en el caso, identificadas como Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia Aldana.
“Estas personas que estarían involucradas en la apropiación ilícita de parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo del citado contrato serán imputadas por la posible participación en las conductas ilícitas, por delitos como: peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”, indicó el ente acusador.
Así mismo, MinTIC mencionó que ya se logró cancelar el contrato que existía con Centros Poblados. De hecho, hay que recordar que ya hay un nuevo acuerdo para realizar el trabajo y este ahora será ejecutado por la UT Colombia Conecta, integrada por las empresas ETB y SkyNet. Estas empresas ganaron la nueva adjudicación porque en el proceso de licitación inicial quedaron en segundo lugar.
El Gobierno nacional aseguró que mediante la celebración de un nuevo contrato, ahora con la UT Colombia Conecta, cumplirá con su promesa de garantizarle a los colombianos y, en este caso, a los niños y niñas de zonas rurales dispersas en Colombia, el derecho al acceso al servicio público esencial de internet. Se indicó que esto no solo garantiza la conectividad, sino también otros derechos como la educación y la cultura.
Se indicó que se construirán más de 14.000 Centros Digitales que estarán al servicio de los niños y niñas que habitan en la ruralidad colombiana y resaltó que esta cifra supera los 10.000 centros establecidos originalmente en el CONPES.
La ministra aseguró que entiende el interés de la ciudadanía por la desviación de los dineros y porque se le cumpla a las comunidades rurales, pero reiteró la importancia de seguir el debido proceso.
“Entiendo la presión por la demora, pero debemos respetar el debido proceso y el derecho a la de defensa. No podemos fallar y cada detalle lo trabajamos con rigurosidad”, aseguró la ministra TIC.
Además, de cumplir tiempos y procesos, sostuvo que se está analizando cada punto para obrar en pro de los colombianos. Señaló que no era solo liquidar el contrato con Centros Poblados y volver a iniciar el proceso, pues de haberlo hecho así se habría perdido el trabajo de diseñar un contrato con vigencias futuras a diez años para beneficiar a millones con conectividad.
“Al revisar todo entendí que acá no estábamos rescatando solo 70.000 millones de pesos; estamos rescatando un billón de pesos por 10 años de conectividad gratuita”, dijo.
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