Las acciones terroristas de los grupos armados continúan cobrando vidas humanas en el oriente del país. En horas de la mañana de este 13 de enero, un soldado profesional falleció cuando cayó en un campo minado junto a sus compañeros en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.
Los uniformados hacen parte de las tropas del Batallón de Ingenieros N.3, de la Segunda División del Ejército Nacional, quienes salieron temprano a cumplir labores de control territorial en la vereda Socuavo de ese municipio central de la zona del Catatumbo.
Según informó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, cuando se encontraba en ese sector, entraron un área minada que habría sido instalada por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 33, de las disidencias de las Farc que delinque en ese sector.
Debido a la detonación de los artefactos explosivos de alto poder que pisaron los militares, murió el soldado profesional Miguel Ángel Natera Sagarra y tres de sus compañeros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Tras los hechos fueron trasladados vía aérea a la Clínica Medical Duarte de Cúcuta para recibir atención médica.
“Este Comando rechaza de forma categórica esta acción terrorista que atenta contra los derechos humanos y trasgrede flagrantemente las disposiciones del derecho internacional humanitario, haciendo uso de métodos de guerra no convencionales de forma indiscriminada en contra de los integrantes de la Fuerza Pública y la población civil. Así mismo, realizamos ante este evento la respectiva denuncia”, señaló el comando militar.
La situación de seguridad en ese sector del país ha generado alerta debido a una escalada de la violencia desde el inicio de año. Organizaciones de víctimas extendieron una denuncia pública debido a la situación de violaciones a los derechos humanos que se pueden presentar tanto allí como en otros departamentos.
De acuerdo con las organizaciones, en Catatumbo, así como en Buenaventura, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena Medio y Nariño se presentan afectaciones a la población civil por homicidios, amenazas, desplazamientos, masacres, confinamientos, actos de violencia sexual, reclutamientos forzados y ataques a bienes civiles y misiones médicas, humanitarias e internacionales. “Elevamos una voz de alerta frente al incremento de la violencia en el contexto electoral lo cual profundiza la crisis humanitaria que se vive en nuestros territorios”, sostuvieron.
Debido a los atentados contra la fuerza pública, instalación de explosivos y enfrentamientos, en la región del Catatumbo permanece la zozobra de un paro armado por parte de los grupos al margen de la ley. En la zona han circulado panfletos físicos y en redes sociales que informan de restricciones impuestas tanto por las disidencias de las Farc y el ELN y que amenazan a los civiles que se desplacen.
Aunque la información no ha sido confirmada y, según el diario La Opinión, alias ‘Andrey Avendaño’, un líder del Frente 33 de la disidencia de las Farc negó la información, la situación ha generado temor en la población de Tibú, de done ya han salido personas desplazadas y se ha reducido el tránsito de pasajeros.
El pasado 9 de febrero, el Ejército logró neutralizar una presunta acción terrorista que pretendían adelantar presuntamente hombres del ELN en zona rural de Tibú. En el municipio Campo Dos fue hallada una volqueta con 85 artefactos explosivos improvisados, 19 medios de lanzamiento y 5 de explosivos. Mientras se lograba el manejo de los artefactos, estuvo cerrada la vía entre el Catatumbo y Cúcuta.
De acuerdo con el diario La Opinión, solo en lo corrido del año la Defensoría del Pueblo ha recibido 155 declaraciones de desplazamiento por familias que han tenido que huir de sus territorios, 13 de ellos de la capital del Catatumbo, Tibú.
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