Personería de Medellín asegura que 154 personas han denunciado desplazamiento forzado

La Personería De Medellín aseguró que durante enero de 2022 se han registrados 154 víctimas de desplazamiento forzado. Esta cifra mostró una diminución de 426 personas, pues en la misma fecha de 2021 las autoridades tuvieron un registro de 580 desplazados.

Las cifras de la agencia del Ministerio Público dicen que los registros cobijan 45 municipios de Antioquia, entre los que están: Bello, Quibdó, Apartadó, Turbo, Sabanalarga, Bagadó, Dipurdú, Arauca, Dabeiba, Ituango, Caucasia, San Rafael, Chigorodó etcétera.

Los datos de la Personería revelan que los más afectados con los hombres con 79 casos, pero muy cerca están las mujeres con 75, siendo el factor principal los desplazamiento forzado, seguido por las amenazas, el homicidio, delitos contra libertad e integridad sexual y la desaparición forzada .

William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín, sostuvo a El Tiempo que esta reducción se da por la falta de personal de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos -UPDH-, no porque el fenómeno dejara de afectar a la población civil.

“Hemos hecho un análisis y hemos identificado que el fenómeno de desplazamiento en la ciudad de Medellín no cesa, viene en aumento, hemos recaudado las cifras de la Personería, lo que ha realizado la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y encontramos que existe un aumento preocupante del desplazamiento hacia la ciudad de Medellín, un aumento del 22 % en relación con enero del 2021″, asegura la personería

Por su parte , la Procuraduría Regional dice que hasta el 31 de enero, se han dado 71 declaraciones y 253 afectados, mientras que la Personería tiene una cifra de 172 declaraciones de desplazamiento.

Durante 2021 se registró el desplazamiento forzado de más de 60.700 personas en Colombia, una cifra que triplica los datos recogidos durante todo 2020, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Así lo evidencia el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia titulado ‘Impacto y Tendencias Humanitarias entre enero y septiembre de 2021′, en el que advierte que el principal determinante de esta grave situación de seguridad en país se debe a la multiplicidad, incremento y expansión de los grupos armados ilegales.

“El nivel de respuesta complementaria de los socios humanitarios a la población afectada por desplazamientos masivos en 2021 ha sido del 41 %. En la mayoría de los casos se tiene respuesta con ayuda humanitaria inmediata (AHI) por parte de las administraciones locales y/o la Unidad para las Víctimas (UARIV). Sin embargo, quedan vacíos ya que en ocasiones no es suficiente o no se cubren todos los sectores con necesidades, especialmente en un contexto con más de 50.500 personas desplazadas en emergencias masivas, que no han podido retornan a sus lugares de origen”, advierte el informe.

A su vez, la OCHA indicó que en los últimos diez años, a excepción de 2013 y 2020, no se registraba un número tan alto de personas confinadas, debido a que entre enero y septiembre de 2021 se ha documentado que al menos 50.900 personas han sido forzadas a confinarse por el accionar y presencia de los grupos armados ilegales que hace presencia en los territorios.

Dentro de las zonas del país más afectadas por esta grave situación de seguridad se encuentran la región del Pacífico, en la que confluyen varios factores de riesgo como el recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado en los territorios, así como el incremento de la migración ilegal, que han ocasionado una crisis humanitaria en varios municipios del Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

“Cabe resaltar que, la multiplicidad de emergencias ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones locales, e inclusive algunas personas desplazadas optan por retornan a sus lugares de origen sin tener las garantías de seguridad para un retorno. Por esta razón las personas sufren nuevamente hechos victimizantes en un corto periodo de tiempo”, indica la oficina de la ONU.

A su vez, el informe alerta sobre el deterioro de la situación de seguridad en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, debido a la reciente presencia e influencia de varios grupos armados organizados que han realizado varias amenazas en contra de la población con el propósito de imponer su control social en estas localidades.

En ese sentido, la OCHA indicó que la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana de inminencia en el Amazonas, que evidencia el alto riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas de La Pedrera por las recientes amenazas de reclutamiento y uso de menores por las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC que hace presencia en este territorio.

“Por otra parte, se evidenció que las principales preocupaciones de los migrantes y comunidades de acogida en la frontera con Panamá giran en torno al acceso a agua segura, condiciones de seguridad durante el trayecto por la selva del Darién, atención en salud, alimentación, acceso a otros bienes y servicios a precios más bajos y formas para poder realizar el tránsito hasta sus lugares de destino (EE.UU.) en menor tiempo y de forma digna”, concluyó el informe.

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