Este viernes 11 de febrero el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán denunció que algunos líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos que conforman esta organización social han sido víctimas de amenazas que buscan “callar su voz”.
La organización señaló, a través de un comunicado, que han sufrido las consecuencias de las medidas gubernamentales, las cuales calificó como “perversas y corruptas”, que supuestamente “buscan privilegiar los intereses extractivistas de las multinacionales por encima de la vida y la protección de los ecosistemas en el país”.
Según el Comité, estas decisiones han sido ordenadas por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con las que se busca darle prelación a los proyectos extractivos en esta área protegida al nororiente de Colombia.
“Rechazamos contundentemente todas las amenazas y actos violentos que se vienen presentando contra líderes y lideresas de los movimientos sociales y ambientales, quienes con valor han acompañado la movilización social en defensa de nuestros derechos a una vida digna con justicia social y a un ambiente sano”, indicó la organización en la misiva.
Asimismo, indicó que los territorios se encuentran bajo amenaza de proyectos productivos de fracking en el Magdalena Medio, especialmente en el municipio de Puerto Wilches, Santander, y por la delimitación que actualmente se adelanta del páramo de Santurbán, de la que se refirió como _”permisiva y cómplice con el desarrollo de proyectos de megaminería” en estos sectores de importante influencia hídrica de la que se nutren el 80 % de los ciudadanos en el país.
De igual manera, indicaron que continuarían defendiendo el páramo de Santurbán y los cerros orientales del municipio de Floridablanca, de los que aseguraron se encuentran “amenazados” por el proyecto vial C1-C2, que busca conectar a Pamplona con la capital santandereana de Bucaramanga, asimismo indicaron que seguirían expresando su rechazo frente al proyecto que busca convertir a la vereda Chocoa y cañón de las Iguanas en un basurero, por su impacto sobre las fuentes hídricas.
“Responsabilizamos al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a la Gobernación de Santander, a la Alcaldía de Barrancabermeja y de Puerto Wilches, y a la Policía Nacional por las dificultades de seguridad que pueden llegar a presentar los liderazgos amenazados o los procesos sociales de los que hacen parte”, puntualizó el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Por último, exigieron a las autoridades que se adelanten las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de estas amenazas y pidieron que cumplan su deber de garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a proteger a sus líderes y a acompañarlos en estos procesos.
El medio nacional La Silla Vacía conoció que 25 líderes y defensores recibieron un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo armado ilegal, también conocido como el Clan del Golfo, en el que les daban 48 horas para salir del departamento de Santander.
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