Cerca de 500 millones de pesos del impuesto de telefonía se habrían manejado irregularmente en Santander

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el secretario general de la Gobernación y la exsecretaria de Cultura

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Sede de la Procuraduría General
Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)

En las últimas horas se supo que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del secretario general de la Gobernación de Santander, Camilo Andrés Arenas y la exsecretaría de Cultura Maylin Tatiana Jaramillo, por presuntas irregularidades en la ejecución de $500 millones resultado del recaudo del impuesto de la telefonía móvil durante la vigencia de 2017.

Para el Ministerio Público, “la conducta atribuida a los a los disciplinados es por una falta gravísima a título de culpa, por la presunta ejecución extemporánea de recursos del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil para cultura”.

En la decisión de la procuradora regional de Santander, Magda Liliana Buendía, y que data del 31 de enero de 2022, se puede leer que, “los soportes documentales permiten demostrar que el contrato de obra n° 2107 de 2018 celebrado por Camilo Arenas Valdivieso, desde un principio tuvo un plazo de ejecución superior al permitido por la disposición legal que prevé el ejecutar los recursos del impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil en la vigencia del año 2017″.

El contrato en cuestión fue adjudicado al Consorcio Teatrino del Estadio por valor de $949.820.621,31, cuyo objeto era la “intervención, restauración y finalización del teatrino del estadio, fachadas de la carrera 20 y la calle 31 y áreas de espacio público del centro cultural del oriente colombiano”.

La Procuraduría advirtió que, “se pudo evidenciar que en la vigencia 2019 con recursos del impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil se pagó la ejecución del contrato de obra número 2107 de 2018 en la cuantía de $500 millones cuando la fecha para la inversión de estos dineros destinados por el Ministerio de Cultura al departamento de Santander ya había expirado, pues ello acaeció el 31 de diciembre de 2018″.

Sobre el contrato en cuestión el documento precisó que, “fue suscrito el día 21 de diciembre de 2018 con un plazo de ejecución de tres meses e iniciado el 31 de diciembre de la misma anualidad, realizando su ejecución cuando los recursos ya no estaban vigentes, pues por mandato legal tenían un plazo para su inversión, que era entre el 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018″.

La decisión de la Procuraduría, en la que formuló pliego de cargos contra los funcionarios ya mencionados, también precisó que estos disponen de 10 días a partir de la fecha de notificación para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas contundentes para su defensa.

Durante este tiempo el expediente permanecerá en la secretaría del despacho de la procuradora Magda Liliana Buendía.

Así mismo, ordenó remitir el expediente a las procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario para continuar con la etapa de juzgamiento.

Por este proceso la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra Orlando Acevedo, funcionario del Banco de Proyectos de la Gobernación de Santander, Oscar Mauricio Hinestroza, profesional universitario de la Gobernación de Santander, Daniel Mejía Morón, auxiliar administrativo de la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander y Felix Eduardo RamÍrez, director técnico de Presupuesto de la Gobernación.

Sobre estos últimos, la Procuraduría aclaró que, “contra la presente decisión cabe el recurso de apelación”, que podrá ser presentado ante la Procuraduría Regional de Santander dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión, que deberá ser resuelta por la Sala Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación.

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