Este viernes 11 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura de una investigación sobre la violencia y discriminación contra menores con orientaciones sexuales, identidad de género y expresiones de género diversas que fueron víctimas de reclutamiento, en su mayoría por parte de la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Esta decisión, que fue anunciada en vísperas de la conmemoración del Día de las Manos Rojas, fecha en la que se hace un llamado para terminar con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la guerra, fue determinada por la Sala de Reconocimiento de Verdad luego de evidenciar que 68 de las 400 víctimas acreditadas en el caso 07, sufrieron diferentes tipos de violencia sexual y de género, a parte de ser víctimas de reclutamiento forzado.
“La Sala ha encontrado un llamado concreto a visibilizar las experiencias de vida, las demandas de justicia y las afectaciones sufridas -y hasta hoy silenciadas- de víctimas de reclutamiento que tienen una orientación sexual diversa. Ellos y ellas, por primera vez en su vida, se acercan a un sistema de administración de justicia a contar su historia. Para responder adecuadamente a sus necesidades, estas violencias se analizarán como una sub-línea en la investigación de violencia sexual y de género”, señaló la magistrada Lily Rueda.
La magistrada Rueda fue la encargada de dar esta importante noticia durante la entrega del informe “A nadie le deseo lo que viví: informe sobre reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el conflicto armado en Colombia”, que fue presentado por la Corporación Caribe Afirmativo.
Por su parte, el tribunal de paz señaló que desde que fue abierto el caso 07 se han acreditado a 400 víctimas, de las cuales 216 son personas que fueron reclutadas en su mayoría por las FACR cuando eran menores y 184 con familiares de niños y niñas reclutados durante el conflicto armado, de los cuales la mayoría están buscando a sus familiares desaparecidos.
“De las 400 víctimas acreditadas en el Caso 07, la Sala ha obtenido información sobre 332 niños y niñas que fueron reclutados, de ellos el 52 % eran niños y el 48 % niñas. La Sala también identificó que el 70 % de estos niños y niñas fueron reclutados teniendo 14 años o menos. Igualmente, 68 víctimas acreditadas han puesto en conocimiento de la Sala hechos de violencia sexual y de género, con prevalencia de hechos de aborto forzado (42.6 % de los casos), anticoncepción forzada (35 %) y acceso carnal violento o abusivo (53 %)”, indicó la justicia transicional.
A su vez, indicó que ha documentado 98 casos de desaparición forzada de menores reclutados, que han sido comunicados a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y ha evidenciado 87 registros de hechos que podrían configurar homicidios, torturas y otros tratos crueles vinculados a las condiciones de vida al interior de las filas de las FARC, como sanciones y retaliaciones contra familiares o comunidades.
Asimismo, el tribunal ha podido establecer que la mayoría de los reclutamientos fueron perpetrados en los departamentos de Meta con el 30,12 % de las violencias, el 15,06 % en Caquetá y el 8,43 % en Guaviare, en los que hacían presencia los bloques Oriental y Sur de las extintas Farc-EP, es decir, en Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
“Las víctimas de reclutamiento han manifestado su confianza en la JEP mediante la presentación de 45 informes a la Sala de Reconocimiento. Estos relatos han permitido conocer los detalles de delitos asociados al reclutamiento, particularmente sobre la desaparición forzada y la violencia sexual y de género. También han enriquecido los contextos regionales e históricos asociados a algunas dinámicas del reclutamiento”, concluyó la JEP.
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