Por violaciones a derechos humanos, investigan a más de 230 policías

El ministro de Defensa Diego Molano aseguró que aún se mantienen 38 investigaciones activas, 193 ya fueron esclarecidas y hay 184 indagaciones preliminares

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Un miembro de la policía
Un miembro de la policía antidisturbios dispara contra los manifestantes durante el desarrollo de las protestas y movilizaciones por el denominado Paro Nacional en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

Diego Molano, jefe de la cartera del Ministerio de Defensa se refirió a los hechos ocurridos a lo largo del año 2021 en medio de la presentación del informe de Derechos Humanos y la Fuerza Pública en el 2021 donde confirmó que durante el año pasado fueron investigados más de 230 policías por casos de violaciones a los Derechos Humanos.

En las investigaciones diligenciadas señaló el ministro Diego Molano que de las 231 investigaciones que relacionan el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, 193 ya fueron cerradas mientras que aún se mantienen vigentes 38 indagaciones.

En este informe que contiene 10 capítulos, se establecen escenarios para la atención institucional de derechos humanos en el marco del 2021, como lo son la pandemia de la covid-19 y las actividades de protesta social.

“Se tiene cero tolerancia con la violación de los derechos por parte de los uniformados. Los hechos individuales no se pueden generalizar”, señaló el ministro Molano quien también precisó que hay un registro de nueve sanciones disciplinarias, mientras que la Procuraduría inició 188 procesos. También hay 184 indagaciones preliminares y cuatro investigaciones disciplinarias.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, acerca del informe señalado por el ministro Molano comentó que se constituye esto en la prioridad por la defensa de los Derechos Humanos por parte de la institución.

“Esta es una transformación de fondo y daremos la vida incluso por quienes consideran que este es un proceso superficial, porque en eso consisten la democracia y nuestro deber”, dijo el general Jorge Luis Vargas.

También informó que el estudio será una clase tipo licencia que acrediten a los uniformados par ser policías capacitados y con optimo conocimiento en el cumplimiento de las normas ciudadanas y el respeto por los Derechos Humanos.

El jefe de la cartera de Defensa se refirió entorno a los integrantes de las fuerzas armadas nacionales: “He sido testigo de cómo las Fuerzas Militares y la Policía son las principales defensoras de derechos humanos en Colombia. Su presencia en cada territorio del país es garantía de respeto a los derechos de las comunidades”, señaló Diego Molano.

Mientras que las instituciones oficiales resaltan el empeño ofrecido por las fuerzas policiales para el cumplimiento de las normas y protección de derechos humanos, otras organizaciones de carácter no gubernamental cuestionan esto y recuerdan las secuelas sufridas por el exceso de fuerza en el marco del Paro nacional del 2021. Tan solo la ONG Temblores reportó 5.808 hechos de violencia policial.

De las cifras recolectadas por la entidad se destaca que, de los 5.808 casos de violencia policial, “5.048 ocurrieron en el Paro Nacional”, que inició el 28 de abril de 2021. “Del total registrado, 80 casos corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual y 1.991 a violencia física”, informó Temblores ONG.

Frente a los casos de violencia sexual, “el 61.70 % de las víctimas fueron mujeres y 6.38% personas no binarias. Mientras que, en los casos de homicidio, el 95 % de las víctimas fueron hombres”, dijo la organización explicando que estas prácticas violentas podrían corresponder a prejuicios de género, “que atraviesan la práctica policial”.

Se debe recordar que a principio enero la organización internacional HRW Human Right Watch, lanzó una fuerte crítica, mediante la presentación de su informe anual, a la falta de compromiso del gobierno colombiano para tomar cartas en el asunto y seguir las recomendaciones hechas por varios mecanismos que señalaban la necesidad de reformas la policía, para evitar que a futuro se vuelvan a presentar nuevas denuncias contra la institución, homicidios, desapariciones y otras violaciones.

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