¡Indignante! Indígenas nómadas y que huyen de la violencia les toca buscar su sustento en el basurero de Puerto Carreño (Vichada)

La disputa por las rutas del narcotráfico de los grupos armados ilegales de Colombia como las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, el Eln (Ejército de Liberación Nacional) y el Clan del Golfo en el oriente del país y en el territorio de frontera que se comparte con Venezuela acaba de repercutir con una crisis humanitaria entre los pueblos indígenas nómadas que habitan en esa zona, al punto que tienen que buscar su sustento en el basurero de Puerto Carreño (Vichada).

Los más afectados pertenecen a los pueblos Amorúas y Jivis, que se caracterizaban por vivir de forma nómada entre los ríos Orinoco y Meta. Sin embargo, por la situación de orden público en esa zona de frontera han tenido que quedarse en la pequeña ciudad colombiana.

Las escenas son desgarradoras: bajo el sofocante sol de los llanos colombianos (que sobrepasan los 40 Cº) y los insectos propios de la descomposición, niños muy pequeños, de hasta cuatro o cinco años, juegan entre los desechos o ayudan a sus padres a rebuscar en las bolsas y separar las botellas de plástico, la ropa que está usada y botada y las pocas cosas de valor que luego meten en sus enormes sacos de rafia para cargarlos hasta el centro y venderlos por menos de 10.000 pesos (unos 2,5 dólares).

Enrique Echandía lleva cuatro años en esta actividad, tratando de sustentar de esta manera a sus seis hijos: “No es porque queremos estar aquí sino porque no tenemos la situación, no tenemos recursos, no tenemos cómo”, asegura. “No sabemos hacer otras cosas”, recogieron de las declaraciones de este padre joven en la Agencia EFE de España.

Luego se calla y rectifica: “Bueno, sí sabemos”. Ellos históricamente son un pueblo recolector, pescan e incluso cultivan, pero “lo que pasa es que nos faltan los materiales para nosotros hacer eso y como no nos los dan, no tenemos con qué comprarlo, por lo que no podemos hacer nada”.

Los dos pueblos indígenas que viven en esta zona de los Llanos Orientales, son de las pocas comunidades nómadas que quedaban y no vivían en resguardos, como suele pasar con los indígenas de otras partes de Colombia, como los de los departamentos del Cauca o del Chocó. Pero el Gobierno colombiano solo reconoce los resguardos, por lo que básicamente se vieron enfrentados a tener que asentarse y desde hace unos años comenzaron a vivir en el casco urbano de Puerto Carreño y sus alrededores.

Esculcar o rebuscar en la basura fue una de sus soluciones; primero porque encontraban cosas que aún tenían valor, y luego porque llegaron chatarrerías que empezaron a pagarles por el aluminio, el vidrio o las botellas de plástico. Poco, pero sacaban algo.

La historia no es nueva. En 2019 la Defensoría del Pueblo de Colombia ya había denunciado esta situación, la de unos 200 indígenas que iban y venían a un lado y otro de la frontera, recayendo en el basurero ante la falta de otros recursos.

Sin embargo, los enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y de las disidencias de las extintas Farc en el lado venezolano -que comenzó a cientos de kilómetros de distancia en Arauca, pero se ha extendido hasta allá-, han hecho que lleguen más familias indígenas.

“Ellos llegan y no tienen de qué vivir, no tienen de qué subsistir. Llegan, entonces ven el comportamiento social de este pueblo y se unen”, explica la Defensoría. Pero lo hacen por necesidad: “Es cuestión de hambre. Nadie hace lo que ellos hacen por gusto”, subrayan en esa entidad, que ha pedido reiteradamente que se les respeten los derechos, que se les deje trabajar en el reciclaje, pero con condiciones dignas.

“El Amorúa no ha estudiado mucho para poder saber, entonces el único trabajo que nos queda por hacer es el reciclar o los trabajitos que salgan por fuera: albañilería, ser ayudantes...”, añade Echandía casi justificándose, y admite que no quiere para sus hijos lo mismo, no quiere verlos sufrir así.

Ellos hacen un llamado a dignificar la profesión, a que se les vea como trabajadores y se les den condiciones laborales dignas, con un salario y materiales para ejercerlo. “Queremos que nos dignifiquen el trabajo de mi gente, que se les monte una empresa de reciclaje; nosotros no queremos que nos envíen un mercado, queremos trabajar”, asegura la gobernadora indígena Henny Gutiérrez.

(Con información de EFE)

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