La situación de violencia en Colombia ha tocado diferentes puertas, el pánico producido por las amenazas y amedrentamiento de algunos sujetos en contra de líderes, clérigos, políticos e incluso la misma comunidad, ha despertado una gran incertidumbre en torno a las garantías que otorga el estado desde el aspecto de seguridad y servicio a las comunidades, pues lamentablemente en algunos casos pareciera que la ilegalidad y el terror, sobrepasara sobre las mismas autoridades.
En los últimos días se han conocido amenazas en contra de líderes religiosos en el país y si bien, muchos lo relacionan directamente con la labor ejercida en la sociedad por parte de estos, no hay indicios de acciones que permiten reducir dichas conductas ilegales que denigran la acción de cambio social en el país
La organización Puertas Abiertas, anualmente realiza un escalafón en torno a la persecución en contra de cristianos y creyentes a lo largo de todo el mundo y sorpresivamente, en el último año Colombia ascendió al puesto número 30. Según Puertas Abiertas, el 95 % de los colombianos son cristianos, no obstante, a pesar de no existir conductas radicalistas en el territorio, la población creyente no se encuentra del todo a salvo en el país.
Varios creyentes y líderes del cristianismo, son perseguidos por grupos criminales que buscan tomar tributo de las acciones que cometen dentro de los territorios en que operan los profetas de fe, además de esto, es importante tener en cuenta que muchos de los sacerdotes y representantes de la iglesia, buscan ser interventores en procesos de paz y de cambio dentro de las comunidades, este valor suma al rechazo de los ilegales, quienes ven en riesgo su posibilidad de delinquir y ampliar brechas.
A pesar que desde 1991 Colombia se caracteriza como un país laico, la predominancia del concepto de la fe, ha abarcado gran parte del territorio, que por si cultura y ancestralita ha buscado ampararse de una deidad para fortalecer su creencia, además, implícitamente la del sector religioso del catolicismo, ha realizado importantes aportes para la construcción de sociedad e intervención de conflicto junto al gobierno en todo el país o donde es requerido.
El secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia, Darío Echeverri, rechazó las presiones en contra de monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, el obispo de Buenaventura que tras denunciar el flagelo que vive esta población en el pacifico colombiano, ha recibido amenazas en contra de su vida, además se le ha restringido su libre movilización por el puerto.
Echeverri, instó al Gobierno Nacional para que se tomen medidas oportunas, con el fin de salvaguardar la vida del obispo y se intervenga oportunamente el puerto de Buenaventura, pues su población ha vivido el constante conflicto desde hace varios años, pues las bandas de crimen organizado buscan tomar poder de este territorio, además, con el paso de los días, nuevos actores armados se han ido sumando al conflicto en la región.
Entretanto, Darío Echeverry resaltó: “Nos preocupa enormemente la vida de monseñor Rubén Darío Jaramillo, el obispo de Buenaventura, él como buen pastor y llevando en su corazón el dolor de su gente ha denunciado lo que está pasando allí. Cómo los actores armados se han ensañado en esta región contra esta población y, como él ha tenido la valentía, el valor profético de denunciar lo que allí está pasando, ahora él es la víctima”.
El conflicto ya ha cobrado la vida de varios líderes religiosos, sin embargo, es el de monseñor Isaías Duarte Cancino, quien fue asesinado en Cali tras salir de una eucaristía. Duarte se había convertido en un total detractor de la violencia y dentro de su fe, excomulgó a los atacantes de la iglesia La María en Cali, que pertenecían al ELN.
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