Vuelven a negarle solicitud de libertad a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar

Este 9 de febrero se conoció que Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar, tenía todo preparado para volver a tomar las riendas del departamento, luego de que permaneciera privado de la libertad por irregularidades en un contrato de alimentación escolar de $17.140 millones durante su primer mandato (2012-2015).

Pero la magistrada Susana Quiroz Hernández del Tribunal Superior Judicial de Bogotá le negó por tercera vez la libertad que solicitó el político, quien permanece en su casa recluido desde julio de 2021.

Esta determinación se da luego de que el abogado de Gnecco solicitara la revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por la defensa del mandatario, tras recusar en varias ocasiones a la magistrada.

Por ahora, Gnecco no puede volver a posesionarse como gobernador, pues debe seguir afrontando su proceso penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

Al momento de defenderse, el gobernador resaltó su carrera política y dijo que el no volver al cargo está afectando al departamento.

Asimismo, la defensa del gobernador ha dicho que no se ha demostrado de manera evidente que Monsalvo Gnecco sea un peligro para la comunidad, por lo que seguirá insistiendo en la libertad de su defendido.

De acuerdo con el ente investigador, el contrato que firmó Monsalvo Genecco en su primer periodo frente a la Gobernación del Cesar tuvo un costo por encima de 17.140 millones de pesos y debía ejecutarlo el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo. Se dio un plazo de ejecución de 59 días que no fueron cumplidos, y ahí empezaron todos los problemas.

Luego la Fiscalía identificó nueve inconsistencias como sobrecostos, falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Todo esto habría causado el mencionado detrimento del patrimonio que supera los 3.000 millones de pesos.

Después de esto se anunció que sería el Tribunal Superior de Bogotá el que estudiaría la petición de medida de aseguramiento en contra del gobernador, como órgano director de las audiencias concertadas. Todo esto desencadenó en la orden de aseguramiento y su posterior ratificación.

Sin embargo, no es la primera vez que el actual gobernador debe ser suspendido del cargo. En julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia solicitó al presidente Iván Duque suspenderlo por una condena que emitió ese alto tribunal en su contra por 61 meses y 16 días de prisión por presunta corrupción al sufragante.

La sentencia generó un revuelo político en el departamento, no solamente porque afecta a uno de los clanes políticos más poderosos, sino porque requería que el partido de La U, Cambio Radical y Liberal que avalaron su candidatura para el cargo, enviaran una terna para su reemplazo.

La medida fue apelada y en septiembre de 2020 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó la sentencia que condenó al actual gobernador, lo dejó en libertad, y este volvió a su cargo. Ahora deberá abandonarlo otra vez mientras sigue su investigación por otros presuntos delitos de corrupción.

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