Por intimidaciones y matoneo piden protección al procurador que respaldó preclusión del proceso por presunta manipulación de testigos en contra del expresidente Uribe

De matoneo e intimidaciones por redes sociales estaría siendo víctima el procurador José Enrique Sanjuán, luego de que el lunes respaldara la solicitud de preclusión del proceso penal en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

En la revista Semana informaron que fue el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien denunció lo que < ocurriendo con el funcionario del organismo de control y solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que salvaguarden al funcionario ante la gravedad de las amenazas que ha recibido por internet.

“En un proceso penal cada uno de los intervinientes cumple con un rol determinante que al final le da garantías al procesado, a la sociedad y, por supuesto, a la Nación. En es ese sentido, las decisiones judiciales y los conceptos de los sujetos procesales como las posiciones que cada una de las partes asuma en el proceso, son sometidas a controles periciales y a la normatividad vigente, motivo por el cual se debe respetar lo establecido en la ley y en la Constitución”, destacaron en esa revista de lo que dijo Bustos.

Entre tanto en la emisora RCN Radio reseñaron que el presidente de la Red de Veedurías aseguró que no conocía al procurador Sanjuán, y que solicitaba el apoyo de la UNP porque en Colombia no pueden ocurrir ataques contra los servidores en procesos penales.

“Este funcionario público está cumpliendo con su deber. Quiero aclarar que no le conozco y en la Red de Veedurías de Colombia tampoco le conocemos, pero consideramos que el matoneo moral al que está siendo sometido este funcionario es un error de cara a la función que debe cumplir en un proceso penal donde existen garantías”, afirmó.

Bustos agregó que este tipo de situaciones desestimulan en el cumplimiento de su deber a los funcionarios y operadores judiciales.

”Se podría generar un temor en futuras audiencias y, por consiguiente, crear espacios de incertidumbres en las garantías procesales a las que cualquier ciudadano tiene derecho”, agregó Bustos.

En la más reciente diligencia judicial se reiteró la solicitud de la Fiscalía de precluir el proceso donde se investiga al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de por fraude procesal y soborno de testigos en los que el exmandatario, a través de su entonces apoderado, Diego Cadena, ofreció beneficios a Juan Guillermo Monsalve a cambio de que se retractara de su testimonio en el que señalaba al también exsenador de estar implicado en la creación de grupos paramilitares.

En esa ocasión el procurador Sanjuán afirmó que la Fiscalía incurrió en una omisión al pedir la preclusión por hechos y no por delitos, lo cual tiene unas consecuencias jurídicas. A su vez, destacó que el ministerio público se pronunciará “en términos de ley y de forma imparcial para que se llegue a una decisión justa y en derecho”.

En el periódico El Tiempo destacaron que para el representante del ente de control, Monsalve no habría formado parte de grupos paramilitares, como ha afirmado, por lo que habría alta probabilidad de que no fuera veraz su acusación en contra de Uribe.

Cabe recordar que los testigos afirmaron que el expresidente Uribe contactó a Enrique Pardo Hasche, quien se encontraba en la misma cárcel que Monsalve, para que este se reuniera con el exsenador. Sin embargo, el procurador aseguró que esto no sería del todo cierto, puesto que habría sido el mismo Hasche quien buscó al testigo para que se reuniera con los abogados de Uribe Vélez.

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