Cerca de medio billón de pesos están en riesgo por proyectos de vivienda gratuita retrasados

La entrega de vivienda gratuita a las poblaciones más vulnerables por la pobreza o que perdieron su casa a causa de desastres naturales presenta problemas de ejecución. El ambicioso proyecto del Ministerio de Vivienda que tiene en riesgo casi el 30% de los recursos, según las alertas emitidas por la Contraloría General de la República.

El gobierno pretende entregar 100 mil viviendas 100 % subsidiadas a hogares en extrema pobreza que no pueden acceder a créditos bancarios, familias desplazadas y destinar parte de esos proyectos a quienes han perdido sus casas en emergencias naturales o climáticas.

Desde hace 10 meses, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata le hace seguimiento a 336 proyectos de vivienda, de los cuales 197 corresponden a Programa de Vivienda Gratuita (PVGII) y tienen un valor total de $1,6 billones.

De estos, la Contraloría ha emitido alertas respecto a 53 proyectos que se han visto afectados por retrasos y riesgos en la ejecución y que comprometen casi medio billón de pesos, $455 mil millones, que representan casi el 30% de los recursos invertidos en el programa para los hogares vulnerables.

Sin embargo, las afectaciones en la ejecución de los proyectos no es únicamente en plata de los recursos públicos. Principalmente, los retrasos se traducen en 6.964 personas que aplicaron para el subsidio de vivienda gratuita y permanecen sin hogar porque no han recibido su casa en la fecha pactada. A lo que se suma 21.000 personas que no les ha llegado el subsidio.

“Se trata de personas en alto grado de vulnerabilidad, como familias en condición de desplazamiento, que necesitan con urgencia que se hagan realidad estas soluciones del Programa de Vivienda Gratuita”, sostuvo la Contraloría.

La fiscalización de la DIARI y la Contraloría Delegada de Vivienda y Saneamiento Básico a 26 proyectos alertados que permitió determinar 28 hallazgos administrativos, 23 hallazgos disciplinarios y un hallazgo fiscal por más de $4.400 millones.

La delegada pudo identificar que 230 mil millones de pesos se encuentran actualmente parados en la fiducias, es decir que cuentan con los recursos pero no han sido entregados a los contratistas para adelantar la ejecución.

María Fernanda Rangel, directora de la DIARI, afirmó que se han identificado 21 proyectos que no tienen contratistas, a la fecha, cuando los estudios y diseños se entregaron en 2017. “Encontramos cinco proyectos donde han pagado los estudios y diseños, por más de 40 mil millones que valen, se hicieron, se pagaron y no han arrancado. Esa plata que está en la fiducia y en el presupuesto nacional se tiene que utilizar en pro de la población vulnerable”, afirmó la funcionaria.

Hay 16 proyectos que tienen 0 % de avance, 15 con suspensiones mayores a tres meses y 52 con desfase respecto al cronograma, es decir retrasos en la fecha de entrega. Entre ellos se encuentra Torres de San Sebastián del municipio de Monterrey en Casanare, en el que se invirtieron 6.600 millones, alcanzó el 72% de avance, pero va para tres de atraso en la fecha de finalización que debió cumplirse en abril de 2019.

El hallazgo fiscal se dio en el proyecto de la urbanización Los Yarumos, del municipio de Santuario, en Antioquia. Este tiene una inversión de 4.000 millones de pesos, para la construcción de 70 viviendas, tiene 0 % de avance y 280 beneficiarios afectados. Debió entregarse en diciembre de 2020, pero el contrato fue liquidado anticipadamente.

Otro de los casos, por ejemplo, es la Urbanización Santa Teresa en San Juan de Betulia en Sucre, que tiene una inversión de 5.300 millones de pesos, se entregó tras más de dos años de retraso para 90 viviendas y 360 beneficiarios, pero que no tiene algunos servicios públicos por lo que los habitantes una vivienda digna.

Lo que alerta la Contraloría es que los retrasos llevan a que las personas retornen a las viviendas o situaciones de riesgo, tanto ambiental como de vulnerabilidad, por lo que el objetivo del programa no se está cumpliendo debido a demoras administrativas. Aseguran que los recursos no se han perdido y están identificados o ejecutados, pero los proyectos finalmente no se han ejecutado.

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