El concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde Julián Rodríguez Sastoque le ganó el pulso al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, sobre el diseño de un sistema único para la gestión y prevención de casos de abuso policial en Colombia. El Consejo de Estado le dio la razón sobre la urgencia de crear ese sistema y le dio un plazo de tres meses para crearlo e implementarlo.
Dicho sistema figura en el artículo 235 del Código Nacional de Policía. Según ese apartado, el sistema deberá integrar a la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Una vez puesto en marcha, deberá permitir que se reporten las actividades de los policías en tiempo real. También deberá justificarse de qué manera esas acciones contribuyen a la seguridad y convivencia ciudadana, que es la misión de esta ala civil de la Fuerza Pública.
El artículo dice que el Gobierno nacional está a cargo de implementarlo, pero no ha sucedido en los tres años y medio de la presidencia de Iván Duque, tiempo en el cual han ocurrido dos paros nacionales y una serie de abusos de la fuerza pública, como la masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre de 2020. Además, según el concejal, “el gobierno Duque tiene engavetado el proyecto desde el año 2018 y a pesar de los muy graves casos de abuso policial [...] conocidos por toda la ciudadanía en nuestro país, se ha negado a expedir el decreto reglamentario”.
Ante ese vacío, el concejal Rodríguez Sastoque había presentado su demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ese estrado judicial le dio la razón en julio de 2021 y le dio tres meses al Gobierno nacional para su diseño y ejecución. El concejal pidió voluntad política al presidente, en lugar de darle largas al fallo con una apelación. El mandatario optó por lo segundo.
Sin embargo, el gobierno del uribismo, en un acto también de cobardía y poco compromiso con la ciudadanía prefirió concentrarse en apelar ese resultado y ahora el Consejo de Estado lo ratifica en segunda instancia.
El concejal comunicó que contra esa ratificación del Consejo de Estado no procede ningún recurso; es definitiva. Además, respetó los tres meses de plazo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció desde un principio.
El gobierno Duque tiene solo tres meses desde ahora para poder crear y reglamentar eso que estamos pidiendo: un sistema único para el mejoramiento y la prevención de los casos de abuso policial. Ahora, esta sentencia es definitiva.
Ahora que el tribunal de lo contencioso administrativo se pronunció sobre el tema, el concejal verde le pidió al presidente que le exija celeridad al respecto al Ministerio de Defensa, además de pullarlo sobre sus declaraciones recientes sobre las tensiones con Rusia y Venezuela.
Presidente Duque: exíjale a su ministro de Defensa, el señor Diego Molano, a que en vez de estar inmiscuido en asuntos que no son de su competencia, especialmente la agenda diplomática del país, se dedique a cumplir lo que dice esta sentencia diligentemente.
Advertencia internacional
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó en enero pasado su informe anual, en el cual denunció la falta de compromiso del gobierno Duque para acatar las recomendaciones sobre reformar a la Policía Nacional, de modo que se eviten más abusos de su parte.
En el documento presentado por HRW, se recuerda el desolador panorama que vivió el país entre finales de abril y junio del 2021, cuando se registraron 25 muertos a manos de la acción policial.
“Policías cometieron graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas que se desarrollaron en Colombia entre fines de abril y mediados de junio de 2021. Human Rights Watch halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales”, se lee en el documento publicado este 13 de enero.
El ente internacional también anotó que, pese a las denuncias, las pruebas y sugerencias, el Gobierno “aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial”; y tampoco se ha creado “un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos”.
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