El 4 de febrero el Gobierno Nacional presentó el borrador del decreto de ciberseguridad que tenía como fin establece los lineamientos para la gobernanza de la seguridad, gestión de riesgos de seguridad digital, identificación de infraestructuras críticas y servicios esenciales y respuesta a incidentes de seguridad digital del sector gobierno en Colombia.
“Esta normativa, también, determina los roles y compromisos de los diferentes entes responsables de la ciberseguridad en el país y la forma en que se deben coordinar; además, formalizar el Comité Nacional de Seguridad Digital, sus participantes y la forma en que operará”, aseguró Carmen Ligia Valderrama, Ministra TIC, quién además, señaló que los colombianos podrán participar en el proceso mediante sus comentarios que se esperan recibir hasta el 15 de febrero, mediante los correos gobiernodigital@mintic.gov.co y csirtgob@mintic.gov.co
Sin embargo, el decreto tiene algunos vacíos y problemas, en este sentido el representante a la Cámara, León Fredy Muñoz, del partido Alianza Verde, denunció que en el borrador del decreto de ciberseguridad, existe un mico que abre la posibilidad de censuras a los medios de comunicación que hoy en día informan a través del internet.
El representante señaló que en el artículo 2.2.21.1.4.1 de este decreto, el Gobierno propone que el Ministerio de Defensa quede a cargo de la identificación de las infraestructuras cibernéticas críticas y los servicios esenciales en el ciberespacio, así como los prestadores, operadores y responsables de dichos servicios, lo que puede conllevar a la censura.
En este sentido, Muñoz anotó que no es aceptable que sea el Mindefensa el que realice dicho inventario y que al dejar una función de seguimiento de las comunicaciones a la cartera de Defensa, es contrario a las recomendaciones de la OCDE, abre la puerta al perfilamiento, ya que el criterio a utilizar para dicha tarea podría ser el de identificación de amenazas.
“Esto es muy delicado están reviviendo la ley mordaza, eso es propio de las dictaduras, aquí el control de las telecomunicaciones tiene que estar en manos del Ministerio de la Telecomunicaciones y la CRC tiene que hacer la vigilancia, hoy todo se lo están entregando al ministerio de la Defensa”, advirtió el representante de los Verdes.
La ley mordaza fue el mico que se denunció en el Proyecto de Ley Anticorrupción hace unos meses atrás y que finalmente tuvo que ser retirado pero atentaba contra la libertad de prensa pues señalaba que: “El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
En su momento fue tan compleja la situación que Asomedios, FLIP y organizaciones a favor de la libertad de prensa elevaron sus voces en rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de gobierno, sienta un histórico precedente negativo para el ejercicio de la prensa y los derechos democráticos en Colombia.
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