Este 8 de febrero se dio a conocer, por parte de las autoridades de Bogotá, que 433 indígenas embera que están en el albergue de la UPI La Florida regresarán a finales de febrero a Bagadó y Carmen de Atrato, en Chocó, y Puerto Rico en Risaralda, tras la caracterización que realizó el Distrito.
Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, aseguró que desde la alcaldía se comprometieron a llevar a cabo la logística y el transporte para que la comunidad pueda retornar a su zona de origen.
“Desde la Alcaldía nos comprometemos a brindar la logística, las evaluaciones de salud previas al retorno y el transporte de la comunidad para que pueda iniciar este proceso de traslado. Aportamos en todo lo que sea necesario para garantizar el regreso seguro a estas familias”
Este traslado se logró por el trabajo conjunto y coordinado entre el distrito, la Unidad de Víctimas, las gobernaciones del Chocó y Risaralda y las autoridades indígenas, que convencieron a las 139 familias de volver a sus territorios ancestrales.
El anuncio se dio a conocer en el PMU convocado por el Ministerio del Interior, en el que además participaron los representantes de las comunidades embera en el territorio. De hecho, hicieron énfasis en que los voceros de la comunidad que está en el Parque Nacional no son autoridades reconocidas y que no representan la totalidad de sus pueblos.
Por su parte, Vladimir Rodríguez, alto consejero distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, aseguró que garantizará el retorno de la población indígena.
“El Distrito Capital insiste en la necesidad de avanzar con el retorno de la población Embera como máxima garantía de reparación a los pueblos. El Gobierno Nacional asumió el compromiso interinstitucional para realizarlo y Bogotá concurrirá en lo que corresponda para hacerlo realidad”
En esta jornada participaron el viceministro del Interior, el secretario de Gobierno de Bogotá, el director de la Unidad para las Víctimas, el gobernador de Chocó, el secretario de Gobierno de Risaralda, el alto consejero distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, el ICBF y los líderes embera del territorio, además de los representantes de las comunidades que se encuentran en el Parque Nacional y en la UPI de la Florida.
Según cifras entregadas por la secretaría de Integración Social de Bogotá “se han entregado 1.887 mercados a las comunidades emberá; ha coadyuvado al retorno de 1.185 personas”.
CIDH otorga medidas cautelares a favor de familias del pueblo indígena embera eyábida en Colombia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 1 de febrero de 2022 la Resolución 5/2022, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de las familias de los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó del pueblo indígena embera eyábida en Colombia, tras identificar que se encuentran en una situación de riesgo.
Las y los solicitantes informaron que las familias del pueblo embera se encuentran en riesgo, debido a que serían objeto de actos de violencia, además de amenazas, hostigamiento, desplazamientos, y asesinatos por la presencia de grupos armados en sus territorios. Por su parte, el Estado detalló el conjunto de acciones que viene desplegando la Policía Nacional y el Ejército para garantizar la protección de la población en general y salvaguardar el territorio nacional.
La Comisión valoró las acciones desarrolladas por el Estado y la información disponible, no obstante, observó que no hay información sustancial sobre el cese de la violencia que ejercen los grupos armados en la zona y que ello impacta negativamente en las familias beneficiarias. Entre los hechos de violencia, se reportan agresiones, hostigamientos, desplazamientos e inclusive asesinatos.
En los términos del Artículo 25 de su Reglamento, la CIDH decidió otorgar la medida cautelar y solicitó al Estado de Colombia que: a) adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias de los Resguardos Río Murindó y Río Chageradó; b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
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