Más de tres mil casos de delitos electorales ha investigado la Fiscalía

En los últimos cuatro años se han abierto 3.867 casos de delitos asociados con los procesos electorales en el país.

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Un estudio de la Fiscalía demostró que se han investigado más de tres mil casos de delitos electorales -  Foto de referencia Colombia
Un estudio de la Fiscalía demostró que se han investigado más de tres mil casos de delitos electorales - Foto de referencia Colombia

La Fiscalía General entregó un informe en el que se recogieron los datos de trámites y denuncias de los últimos años frente a los casos de delitos asociados a procesos electorales en los últimos cuatro años, allí se confirmó que se han abierto 3.867 casos de el país. En 2018 fueron 1.273 casos, en 2019 fueron 2.358 durante las elecciones para mandatarios locales y departamentales, en 2020 se reportaron 115 casos y el año pasado 101.

Según el informe los delitos electorales con más casos son corrupción al sufragante (936), fraude en inscripción de cédula (505), constreñimiento al sufragante (428), voto fraudulento (421), delito contra mecanismo de participación democrática (270) y alteración de resultados (270).

Delitos electorales con más casos son corrupción:

Corrupción al sufragante (936).

Fraude en inscripción de cédula (505).

Constreñimiento al sufragante (428).

Voto fraudulento (421).

Delito contra mecanismo de participación democrática (270).

Alteración de resultados (270).

Por otro lado, la MOE denunció que el departamento de Tolima, presenta una grave falla en las cifras de inscripción de cédulas para los comicios legislativos y presidenciales.

Según lo informado por RCN Radio, el caso más preocupante se presenta en el municipio de Suárez, el cual según el censo poblacional del año 2021 según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es de 3.783 ciudadanos, sin embargo, para las elecciones del 2019 estaban habilitadas para votar 4.395 personas, lo que representa una diferencia de más de 600 habitantes.

Por otro lado está el municipio de Natagaima, zona en la que hay 14.713 personas y en el censo electoral figuraron 15.180; en Ambalema hay 6.579 habitantes y para las elecciones estaban habilitados 6.755 ciudadanos; y en Santa Isabel el registro poblacional es de 5.689 y para los comicios del 2019 podían participar 5.843.

Un estudio de la Fiscalía demostró que se han investigado más de tres mil casos de delitos electorales (Colprensa - Sofía Toscano)
Un estudio de la Fiscalía demostró que se han investigado más de tres mil casos de delitos electorales (Colprensa - Sofía Toscano)

Ante la incoherencia de las cifras, el cordinador de la MOE del departamento del Tolima, Cristian Martínez, denunció ante la emisora que de estas cifras tienen conocimiento las autoridades competentes como la Registraduría y la Consejo Nacional Electoral CNE, pero por parte de estas entidades no se ha recibido el apoyo, pues se han presentado dificultades para obtener más información, en especial de cómo se está llevando a cabo el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones legislativas el 13 de marzo y las presidenciales el 29 de mayo.

Tras dar a conocer las inconsistencias, Martínez aseguró que antes de que arrancaran las inscripciones de los ciudadanos para modificar su puesto de votación ya se tenía información que cuatro municipios del departamento tenían más votantes que habitantes.

“Es decir, todos desde los cero años votan en esos municipios y adicionalmente nos llega gente de afuera a seguir votando. Esperamos que nos entreguen pronto censos electorales definitivos”, manifestó el vocero de la MOE en el Tolima.

Además señaló que la preocupación que se presenta ante la inconsistencia de estas cifras es que el registro de documentos de identidad y la posibilidad de cambiar puestos de votación, procesos que se adelantan actualmente, representan un mayor riesgo de corrupción y la comisión de delitos electorales.

“Con el aplicativo de la Registraduría se pueden hacer por cada teléfono celular siete modificaciones de puesto de votación, eso significa que se puede hacer zonificación, trashumancia y también podría incentivar la compra y venta de votos”, agregó.

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