La implementación de la paz desde los ojos de las mujeres

El 3 y 4 de febrero Bogotá acogió a 100 mujeres lideres sociales de todo el territorio colombiano para el desarrollo de un evento llamado III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz “En Movimiento para que avance la Paz”. El evento tenia como fin conocer desde las vivencias diarias de las invitadas cómo se ha llevado acabo la implementación del acuerdo de paz luego de cinco años de la firma.

Es importante resaltar la historia de la alianza que lideró el espacio, pues la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz es una alianza de ocho organizaciones, redes y plataformas de mujeres con presencia en todo el país, que además, desde su fundación han incidido en el acuerdo de paz, pues fue una de las plataformas que ayudo con la creación de la subcomisión de género y la transversalización de los derechos de las mujeres.

Por eso a cinco años de la implementación del acuerdo que dio fin a las extintas Farc, las mujeres que se reunieron en este evento ven con esperanza el futuro pero con desilusión la falta de voluntad política, la insuficiencia de recursos financieros y la ausencia de garantías de seguridad para líderes y lideresas sociales y firmantes del Acuerdo. Incluso, en modo de compromiso y con presencial de comunidad internacional, entidades Estatales y organismos de Gobierno exigieron mediante un manifiesto que se cumpla lo pactado.

Señalando como punto uno, la importancia de la vida en un contexto en el que han asesinado a más 1.200 líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo y más 300 excombatientes de las Farc. Además, del recrudecimiento de la violencia que ha hecho que actualmente existan 22 estructuras posdesmovilización de las Auc, y 27 bandas emergentes que en los territorios son reconocidas por parte de los pobladores como “paramilitares” y que actúan en 291 municipios; existen 30 estructuras de disidentes, que actúan en 123 municipios, y son cerca de 2.500 las personas que integran hoy las estructuras del Eln y que actúan en 211 municipios, según Indepaz.

“El Estado debe garantizar el derecho a la vida, a la participación, a la protesta pacífica y a generar las condiciones para que las mujeres tengamos una vida libre de violencias en lo público y lo privado. Requerimos la garantía del derecho a la vida digna y a la integridad personal y sexual para continuar exigiendo el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz; la ampliación de la democracia a favor de las mujeres; y el goce efectivo de nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición”, se lee en el documento que titularon “Nos queremos vivas”.

En este sentido, pidieron ayudar con la deconstrucción alrededor de los estigmas que se han ido creando sobre el trabajo de los lideres y lideresas, en parte por el Gobierno y sus Instituciones Militares en algunas zonas del país. Además, de garantizar lo escrito en el acuerdo pues hasta la fecha las mujeres son las que menos han recibido de la implementación que hasta hoy sigue con retrasos importantes. Pues si se miran en detalles las cifras es importante mencionar que:

- A la fecha tan solo un 4% del total de los recursos del Presupuesto General de la Nación, se han identificado para acciones de género, según la Contraloría General de la República.

- No se tiene un identificador de los recursos de género en el trazador presupuestal para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que permita visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación del enfoque de derechos humanos y de género. Y sólo el 11 % del total de recursos destinados a la Política de Atención y Reparación Integral para las Víctimas en las vigencias 2020 a 2021 fue marcado como orientado a acciones de género. Sin embargo, apenas el 2% de estos recursos son exclusivos para las mujeres víctimas del conflicto armado.

- No se ha avanzado en la implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad y las condiciones para el ejercicio del liderazgo y activismo político de las mujeres en sus diversidades.

- La procuraduría General de la nación anotó que en cuanto a la participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, la libertad metodológica que ha caracterizado el abordaje de cada caso ha conllevado a que se tomen diferentes clases de decisiones. Lo cual, en el largo plazo, puede tener efectos negativos en los principios de igualdad y seguridad jurídica de las víctimas y los comparecientes.

- Persisten en los territorios situaciones de victimización, de riesgo e inseguridad para las mujeres, las lideresas y las defensoras de derechos humanos producto del débil y casi nulo apoyo económico y técnico para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres; el acompañamiento psicosocial; y condiciones que garanticen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

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