Los habitantes de todo el departamento de Arauca no han tenido un solo día tranquilo desde que empezó el año. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) completan un mes enfrentándose en el piedemonte araucano, por lo que la Defensoría del Pueblo volvió a pedir que se respete la vida de los civiles.
El ente estatal está preocupado porque en el último mes se han reportado 71 homicidios y más de 1.000 personas, pertenecientes a 424 familias, desplazadas forzadamente. La Defensoría asegura que ya le está brindando acompañamiento a las víctimas, pero urge que los combates cesen.
“La situación en Arauca es grave. El reporte de las autoridades advierte 71 homicidios ocurridos en los municipios de Tame, Saravena, Fortul, Arauquita, y Cubará en Boyacá. Hemos brindado apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas y mantendremos el acompañamiento a las comunidades desplazadas obligadas a abandonar su territorio”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo, este 6 de febrero.
El último balance publicado por la Defensoría detalla que de las 71 personas asesinadas en Arauca del primero de enero a la fecha, cuatro eran líderes sociales de la región. El último caso se presentó el viernes (4 de febrero) al mediodía, cuando sicarios llegaron a la finca del activista Víctor Manuel Pacheco, ubicada en el municipio de Fortul, para ultimarlo.
Pacheco se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brucelas, en zona rural de Fortul. Allí se había destacado por su trabajo a favor de la comunidad.
Por otro lado, se suman los 1.629 casos de desplazamiento forzado. En su mayoría, estos movimientos se han registrado de a poco, pero también se reportan cuatro desplazamientos masivos.
Se calcula que 1.284 personas han salido de sus casas en los desplazamientos esporádicos. Además, en los desplazamientos masivos han resultado 121 afectados. La Defensoría indica que se han presentado cinco movimientos grandes ; cuatro en Tame (Arauca) y uno en Cubará (Boyacá). D
Además de estas víctimas, se contabiliza que 51 firmantes del acuerdo han tenido que abandonar sus casas y hay 30 familias de la comunidad indígena Macaguán, en el resguardo El Vigía, en Arauquita, confinadas. En riesgo permanecen otros 319 núcleos.
Ante esta crisis que atraviesa Arauca, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los subversivos para no poner en riesgo la vida de los civiles. Asegura que junto a organizaciones de derechos humanos seguirá velando por el bienestar de la comunidad.
“La Defensoría del Pueblo insiste en el llamado a mantener fuera de las confrontaciones a la población civil, en pro de la garantía de los derechos de las comunidades”, destaca la entidad.
Incluso, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) piden que se habilite un corredor humanitario para Arauca por la ola de violencia en el departamento. La entidad manifiesta preocupación por las condiciones geográficas de Arauca, pues aseguran que es una zona difícil de acceder, lo que complica la asistencia social y humanitaria.
Desde los conceptos de protección, seguridad alimentaria, salud, educación y saneamiento, la ONU asegura que ya se han tomado distintas medidas como conformación de comités de verificación, entrega de kits alimentarios y de higiene. Así mismo, se exige la implementación de garantías para el retorno de los estudiantes a la escuela y de los docentes que deben asistir a zonas rurales, pues estos sectores son los mayormente afectados por el conflicto presentado desde inicios del año 2022.
Cabe mencionar que esta disputa entre el ELN y las Farc inició desde hace años, pero se ha vuelto a agravar. Cada grupo busca acaparar el territorio y así quedarse con las rutas de narcotráfico. Arauca, al ser un departamento fronterizo, es una zona clave para poder sacar la droga del país.
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