Los familiares del político Víctor Candelo Reina se llevaron una sorpresa aterradora mientras descansaban en su casa, ubicada en el municipio de El Charco (Nariño), durante la noche del pasado jueves 3 de febrero.
Mientras dormía, el hijo mayor de la familia comenzó a sentir el humo que entraba por la ventana de su habitación, ubicada a la orilla del río Tapaje, en la parte de atrás de la vivienda de dos plantas. Tras percibirlo, él despertó y alertó a quienes estaban en la casa de la presencia de fuego que venía de la puerta trasera.
Los ocupantes trataron de evacuar la casa por la puerta delantera, pero descubrieron que también había fuego allí. En ese momento comprendieron que estaban atrapados y fueron atacados con la intención de quemarlos vivos.
Los integrantes de la familia —el señor Candelo, su esposa, el hijo mayor y dos nietos de ocho años y 16 meses— pudieron escapar de las llamas al treparse por el costado izquierdo de su balcón y pasar al solar de la casa de al lado. Después, los vecinos y los bomberos ayudaron a extinguir las llamas.
Una vez apagado el incendio, pudieron volver a entrar a la vivienda y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Se dieron cuenta de que dos encapuchados rociaron gasolina en las entradas para iniciar la conflagración.
El incidente no dejó personas lesionadas, pero sí carbonizó las puertas y el letrero del negocio que funciona en la planta baja de la residencia. Por otro lado, las conexiones eléctricas de la residencia quedaron averiadas. Además, la fachada y las paredes internas de la casa quedaron llenas de tizne.
Al marcharse, los delincuentes no dejaron ningún mensaje para identificar quién y por qué fue provocado ese incendio. Además, la familia le contó a Infobae Colombia que no había recibido amenazas antes del incidente.
Situación crítica
El conflicto armado colombiano tiene arrinconado al municipio de El Charco desde hace varios meses. Justamente el jueves 3 de febrero —fecha en la que ocurrió el incendio—, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, hizo presencia en un consejo extraordinario de seguridad para buscar la forma de aliviar la crisis humanitaria.
En los últimos días, la presencia de grupos armados organizados y la acción militar en la zona causó un cese de actividades general: casi todos los locales comerciales cerraron, las personas permanecen encerradas en sus viviendas, las clases presenciales fueron suspendidas y ya se reporta una escasez de combustibles, agua potable y alimentos.
El riesgo de fuego cruzado también ha causado una ola de desplazamientos masivos de personas desde las zonas rurales de El Charco, situación que ha generado presión en los organismos de socorro.
La presencia de la fuerza pública tampoco es una garantía de seguridad para la población de El Charco. En una carta dirigida a la entonces alta consejera para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, fue presentada una denuncia sobre toda esta situación: según esta misiva, miembros del Ejército han iniciado cruces de disparos en la cabecera municipal, los cuales han confinado a las personas en sus viviendas, además de causar muertos y heridos de la población civil.
Varios habitantes aseguran que el paro indefinido es una consecuencia ante el miedo que sienten de quedar en medio del fuego cruzado entre militares y grupos delincuenciales, durante los hostigamientos y combates que allá se llevan a cabo.
Según la administración departamental, se buscará la manera de proveer los elementos básicos para la subsistencia de esta comunidad.
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