Ministerio de Educación responde al fallo de la Corte Constitucional

Un fallo de la Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional tomar medidas para determinar los impactos de la crisis sanitaria en el sistema educativo colombiano.

A través de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el alto tribunal le ordenó al Gobierno nacional en un término no mayor a seis meses, implementar estrategias que permitan evaluar los resultados que ha dejado la pandemia en el servicio de educación, en los docentes y en los estudiantes.

Respecto a lo anterior, el Ministerio de Educación respondió en un comunicado a la opinión pública con fecha de 4 de febrero de 2022 que, “con expertos y las secretarías de educación se viene trabajando en varias estrategias de valoración formativa y con base en ellas generar las estrategias para cerrar las brechas y afectaciones”.

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Una de esas estrategias que destaca esta cartera se concentra en la valoración de aprendizajes. En este sentido, “el Ministerio de Educación Nacional definió una política de carácter nacional cuyo objetivo es contribuir a acelerar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes matriculados en educación inicial, básica y media”, aseguró la ministra María Victoria Angulo.

Dentro de estas estrategias planteadas, también se incluye la entrega de materiales de apoyo pedagógico, la adopción de una red de tutorías para maestros y estudiantes y la implementación de valoraciones periódicas y adopción de planes de fortalecimiento por Instituciones Educativas”.

Respecto a la mención del fallo de la Corte sobre la problemática a la prestación del servicio educativo en el marco de la pandemia, la cartera respondió que, “desde marzo de 2020 ejecutamos una serie de acciones e inversiones primero para adelantar educación en casa y no suspender la prestación del servicio y luego para lograr el retorno a las aulas de manera gradual y progresiva”.

Esas inversiones destacadas son: 1.2 billones de pesos para la adecuación de los espacios educativos a las condiciones básicas de bioseguridad. Además, se están ejecutando recursos por cerca de $700 mil millones para mejoramientos de sedes educativas rurales.

Desde el ministerio destacan que una de sus prioridades para el regreso seguro a clases es acelerar el plan de vacunación, “lo cual ha permitido que el 93 % del personal adulto del sector educativo se encuentre vacunado con esquema completo y con dosis de refuerzo disponible; asimismo que más del 70% de la población de 12 a 18 años y más del 58 % de población de 3 a 11 años cuenten con al menos una dosis”.

Todas estas estrategias deben estar orientadas a la prevención de situaciones de pandemia, catástrofes o calamidades públicas. Según la Corte Constitucional, se debe formular una política pública que permita adoptar con oportuna anticipación medidas para evitar y resolver problemas excepcionales que alteren el normal funcionamiento de la educación.

Sobre esto último también se refirió el Ministerio de Educación. “Lo consideramos muy importante y pertinente y sobre ello estamos consolidando un ecosistema de información para el acceso a herramientas de apoyo pedagógico que incluye los planes para fortalecer la conectividad de las sedes educativas rurales.”

“Esta línea de acción de la política permitirá aprovechar las enseñanzas que la pandemia ha traído para el uso de diversos elementos de apoyo al proceso de formación en aula”, sostiene la entidad.

Respecto a la situación educativa en el país en 2022, cifras del Ministerio de Educación reportan que el 93 % de las secretarías de educación de los departamentos, distritos y municipios han iniciado su calendario académico con normalidad en el servicio educativo presencial y que el 7 % restante lo hará a partir de la otra semana.

En total son más de 8,3 millones de niños y jóvenes matriculados en las secretarias de todo el país.

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