Este 4 de febrero de 2022, la JEP ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) garantizar una protección completa y adecuada para el delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape.
Pastor Alape había denunciado fallas en su esquema de seguridad y y alertó sobre el riesgo que corría su vida, durante una audiencia con la Jurisdicción Especial de Paz realizada en noviembre pasado .
En esa reunión el miembro del Partido Comunes expuso situaciones claras en la que la seguridad que se le presta la UNP se debilita en varias ocasiones y reveló el mal estado en el que se encuentran los vehículos oficiales asignados para sus desplazamientos.
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Puso como ejemplo el día que debió viajar a La Guajira donde estuvo en el sepelio de un excombatiente y realizó otras actividades de reincorporación social y económica; para luego viajar a Antioquia. “El recorrido lo hice sin protección completa, debido a que la UNP solo aprobó el desplazamiento de un conductor con una camioneta convencional”.
También expuso que en algunas ocasiones sus escoltas eran enviados en vuelos de otras aerolíneas a los suyos y que en muchas ocasiones le tocó viajar solo o con muy pocos escoltas.
Según informó Blu Radio, la JEP expresó que los firmantes de paz tienen en riesgo su vida y por eso, hacen este llamado grave y urgente para asegurar y fortalecer su seguridad.
Pero esta no es la primera vez que Alape alerta sobre su seguridad. Durante el Consejo Nacional de Reincorporación de 2021, responsabilizó al Gobierno nacional en una carta dirigida al ministro del Interior, Daniel Palacios, sobre lo que le pueda pasar debido a la reducción de su esquema de seguridad. La misiva fue enviada el 28 de enero de 2021.
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“Dejo constancia y responsabilizó al Gobierno nacional por el riesgo que representan los desplazamientos sin que el esquema de seguridad que me fue asignado sea reducido sustancialmente en su operatividad”, expresó el firmante de paz.
Insistió en que las actividades que él hace responden a las “obligaciones con las acciones de reincorporación económica y social de la comunidad”. Ratificó su compromiso con el acuerdo de paz, pero dijo que “el Gobierno cumpla con las que le corresponde como administrador del Estado”.
La emisora radial también sostuvo que las determinaciones de la JEP tiene que ver con la repetidas alertas que se han recibido. “Ha habido fallas reiteradas en la implementación de las medidas que se le deben brindar al señor Alape Lascarro para garantizar su vida e integridad, como la real vigencia de sus derechos políticos”, sentenció la JEP.
Dijo que la responsabilidad no es del esquema sino del gobierno de Iván Duque, pues este ha hecho reajustes financieros. Para Alape, esto representa una “limitación a las acciones y obligaciones de los firmantes con la implementación del Acuerdo”.
Además, desde el Partido Comunes han señalado que “el Gobierno no ha tenido una respuesta efectiva, pues se ha dedicado a realizar advertencias, dentro del discurso típico de todos los gobiernos donde amenazan con más armas y presencia de autoridades, pero sin generar condiciones u organizar políticas públicas, no sirve de nada”.
Además, el Gobierno nacional indicó que durante 2021 el 78 % del presupuesto total de viáticos de la UNP estuvo destinado a los esquemas de los excombatientes.
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