
Durante la noche de este jueves se conoció que Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora y hoy candidata al Congreso por el Pacto Histórico Piedad Córdoba, fue detenido en los últimos minutos por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia.
Junto con Córdoba Ruiz fueron detenidas dos personas más —Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, alias Amanda, trabajadora de una agencia de viajes—, en un operativo que fue bautizado por las autoridades como Operación Coral.
La detención de estas tres personas se debe a que la Corte del Distrito Sur de Nueva York (EE. UU.) los acusa de ingresar más de cinco kilos de cocaína y portar armas de forma ilegal. Además, podrían enfrentar cargos de terrorismo si se llega a comprobar que el transporte de estupefacientes beneficia a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Gentil Duarte.
Córdoba y los otros dos detenidos están en los calabozos de la Fiscalía de Medellín. En los próximos días podría aprobar su extradición para que se presenten al tribunal que los está acusando y puedan ser juzgados.
¿Sabotaje de su regreso?
Una vez se enteró de la captura de su hermano, Piedad Córdoba se pronunció a través de su cuenta de Twitter, señaló una presunta persecución política y pidió a los investigadores que presenten las pruebas para señalar a su familiar. Además, anotó que su hermano fue capturado el pasado miércoles.
Cabe recordar que Piedad Córdoba había renunciado en 2018 a la política tras no alcanzar los votos suficientes para alcanzar una curul en el Congreso. Según dijo en ese entonces, su campaña se hundió ante la falta de apoyo de los políticos alternativos que ella sí había respaldado.
Luego, se decidió a volver a la vida pública, renunció en 2021 al Partido Liberal —donde militó casi toda su vida— y se unió al Pacto Histórico. Con su decisión también incorporó a Poder Ciudadano —un movimiento alternativo en cabeza de ella— a la coalición de izquierda.
Córdoba fue senadora de la República desde 1994 hasta su destitución en 2010, luego de que la Procuraduría General de la Nación, para entonces en cabeza de Alejandro Ordóñez, la acusara de colaboración con las extintas FARC. La investigación causó que el 27 de septiembre de 2010 fuera inhabilitada en primera instancia por un periodo de 18 años para ejercer cualquier cargo público en la República de Colombia.
Sin embargo, el Consejo del Estado retiró ambas inhabilidades el 11 de octubre de 2016 por falta de pruebas sobre los supuestos vínculos de la exsenadora con la guerrilla. Esa decisión le devolvió la posibilidad de ocupar cargos públicos y de elección popular.
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