Asesinan al fiscal de una Junta de Acción Comunal y a dos personas más en Puerto Leguizamo (Putumayo)

No cesan las masacres en el país, que ya serían 15 en estos dos primeros meses del 2022 de acuerdo con los datos que maneja el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La más reciente fue la de tres personas en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo) en el sur del país.

El triple homicidio fue perpetrado específicamente en la zona conocida como Balsal, en la inspección de Yurilla. Entre las víctimas se encontraba Efrén Ramos, quien se desempeñaba como el fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) de esa población.

En la información preliminar, que obtuvo Indepaz, se señala que los cuerpos de los fallecidos tenían signos de tortura como cortaduras y quemaduras.

En la emisora Caracol radio recordaron que Yurilla ha padecido las consecuencias de varios ataques armados por parte de las disidencias de las extintas Farc el Frente Primero y el Frente Carolina Ramírez, lo que ha generado desplazamientos forzados masivos, al igual que confinamientos y reclutamientos ilegales.

En Indepaz indicaron que en esa zona también delinquen la disidencia de Iván Márquez, Nueva Marquetalia y los Comandos de Frontera.

“La Defensoría del pueblo ha emitido la Alerta Temprana 002-22 para el municipio de Puerto Leguizamo por el riesgo para la población civil por la disputa entre actores armados, especialmente entre las disidencias del Frente Primero, Frente Carolina Ramírez y los Comandos Bolivarianos de la Frontera”, recordaron en Indepaz.

Esta es la segunda masacre que se registra en Putumayo, luego de que dos semanas atrás fueran hallados los cadáveres de siete personas, luego de que un grupo armado incursionara en la comunidad indígena de Bellavista y que puso en alerta a la Organización Nacional Indígena (ONIC), la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional.

En su momento la ONIC señaló que si bien las víctimas no eran parte de sus comunidades, insistieron en calificar el hecho como una masacre, situación que motivó a un desplazamiento de al menos 120 familias hacia la cabecera departamental desde el pasado 25 de diciembre.

En esa misma organización señalaron que había una cantidad indeterminada de personas desaparecidas, luego de otra incursión armada que se perpetró el pasado 25 de diciembre.

La autoridad indígena reiteró que el desplazamiento, a causa de los hechos violentos de ese fin de semana, hizo que la comunidad dejara “su territorio desocupado, desprotegido y abandonado”. Además denunciaron que los cuerpos de las víctimas permanecieron en la comunidad sin que se les realizara el respectivo levantamiento y, por tanto, alertaron por el posible brote de riesgos sanitarios.

Las familias desplazadas pertenecen a la comunidad Murui Muina, la cual exigió respeto por sus territorios ancestrales y demandó por atención humanitaria para sus miembros, quienes arribaron a Puerto Leguizamo en las últimas horas, así como solicitaron la activación de la ruta de retorno integral de los desplazados.

Sobre el hecho el general Edgar Rodríguez, jefe del Comando Conjunto No.3 Suroriente, indicó que: “Al parecer serían integrantes de la estructura 48. Todos de sexo masculino vestidos de civil, solo uno de ellos portaba prendas militares, tipo camiseta verde”.

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