Justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se conoció una lista de una serie de contratos en la Defensoría del Pueblo a inicios de 2022, en la que resultaron beneficiados algunos políticos y sus familiares.
Según La W los nombres encontrados fueron los de políticos que en el pasado estuvieron involucrados en casos de corrupción o resultaron ser amigos cercanos de personajes cuestionados, uno de los casos como Alejandro Lyons.
Una de las personas quien obtuvo un contrato para realizar acompañamiento jurídico a personas víctimas de violencia en Montería fue Juan Gabriel Spath. Sin embargo, sería familiar de Samy Spath, amigo personal de Alejandro.
Lyons estuvo involucrado en el llamado cartel de la hemofilia y a Samy Spath se le acusó ser la persona a cargo de entregar fajos de billetes a contratistas beneficiados por su corrupción.
Mario José Vergara de la Ossa fue beneficiado con un contrato para hacer el acompañamiento jurídico a víctimas en las regiones, fue alcalde La Unión, Sucre, relacionado con hechos de corrupción.
Además, otro caso que se conoció fue el de Luis Lorduy, quien fue denunciado por ser contratista de Palacio donde estaría ofreciendo mermelada en este Gobierno, tiene un contrato de $70 millones.
Feria de contratos en 2021
Las malas prácticas que denunció unos años atrás el investigador Ariel Ávila de la Fundación Pares Colombia, contra el entonces presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, quien presuntamente se dedicó a entregar contratos para todos sus amigos y conocidos que lo ayudaran a llegar a la Registraduría.
Camargo no le alcanzó para llegar al órgano electoral, en mayo de 2021 era el defensor del pueblo de Colombia y desde esa entidad también estaría ayudando en el pasado beneficio con contratos, como exmagistrados, exfiscales, exfuncionarios de la Procuraduría y otros políticos más, todo esto en el departamento de Córdoba.
Un grupo de empleados y miembros del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) enviaron una carta y emprendieron una campaña para que Camargo saliera de su cargo.
En un vehemente pronunciamiento, los sindicalistas aseguraron que el jefe de la Defensoría del Pueblo, quien además ha sido duramente criticado por su gestión en los hechos de violencia relacionados a las manifestaciones en Colombia, ha incidido negativamente en la confianza de los ciudadanos y la Defensoría que dirige no tendría la independencia necesaria.
Como premisas de la solicitud para la dimisión de Camargo Asis, los trabajadores del SINDEPH aseguraron que el defensor “no nos representa y señalamos con preocupación sus erráticas actuaciones y pronunciamientos” relacionados a la situación de Colombia.
En otros de sus pronunciamientos, los detractores de Camargo se refirieron a la independencia de la Defensoría e hicieron algunos cuestionamientos:
“Consideramos que la independencia de quien hoy ostenta el cargo del Defensor Nacional del Pueblo está comprometida y que sus actuaciones (¿omisiones?) son, cuando no contrarias a su mandato, inmensamente lesivas para la legitimidad institucional, por lo que debería apartarse de tal cargo”.
Por otro lado, y sobre las declaraciones que Carlos Camargo ha dado en los medios de comunicación, los sindicalistas aseguran que lo dicho por el alto funcionario pone en riesgo los derechos humanos y causa una mala imagen de quienes trabajan en la entidad.
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