Este jueves 3 de febrero, el fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) financió las ofensivas de la denominada ‘Primera Línea’ durante las jornadas del Paro Nacional en Cali.
Según explicó el funcionario, las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) comprobaron pagos por parte de esta organización criminal durante las manifestaciones. La información hallada en los computadores de alias ‘Uriel’ y alias ‘Fabián’, así como en discos duros y celulares, fueron claves en el proceso. El objetivo era que este determinado grupo de personas organizara y ejecutara ataques y disturbios en contra de la Policía Nacional.
Tenemos evidencia en el marco de los computadores que se encontraron, por parte de las autoridades. [...] ¿Qué indicaban? Que estaban o debían financiar lo que denominaban ellos ‘Primera Línea’, y hablaban de $70 millones entregados a la ‘Primera Línea’”, sostuvo Barbosa ante la opinión pública.
Aunque se ha hablado también de soporte económico de grupos armados en otras ciudades, el fiscal general precisó que estos vínculos corresponden a la capital del Valle del Cauca: “Sí existe trazabilidad, por lo menos, en lo relativo a Cali y a unos puntos específicos de un apoyo o un vínculo entre el grupo ELN Frente José María Becerra y la ‘Primera Línea’”.
El origen de la investigación:
Las pesquisas se remontan hasta septiembre del año pasado, cuando el Ejército colombiano bombardeó un campamento del ELN en las selvas del Chocó. En el operativo fue abatido ‘Fabián’, principal cabecilla del Frente de Guerra Occidental, quien falleció en una clínica de Cali, según comunicó en su momento el ELN. Los elementos incautados, en primera instancia, dieron cuenta de correos electrónicos que levantaron las sospechas de las autoridades por un posible patrocinio en medio de las manifestaciones.
Un par de semanas atrás, Semana reveló que la orden de involucrarse en la ‘Primera Línea’ partió desde el comando central del ELN (Coce), y cuyos máximos jefes se encuentran refugiados en Cuba y Venezuela. De hecho, en uno de los mensajes, enviado en junio del 2021, se envían instrucciones específicas para que la “militancia” se involucre:
“El bloqueo sirve para afectar la economía del país y el funcionamiento del capitalismo. Dentro de las lógicas que van surgiendo, en cuanto a insurgencia popular teníamos algo resuelto para los acumulados rurales, hoy en la ciudad se resuelve con la primera línea. Al haber surgido la primera línea, la militancia debe estar en esta y en las ciudades donde no existan llevarlas”, precisó el comunicado divulgado por el citado medio.
Además, el comando declaró en otro apartado que se debe de proveer a los integrantes de equipo, en consecuencia del dinero entregado: “La práctica militar de masas tiene elementos para hacer una sistematización y hay un kid (sic) de primera línea, con máscaras, cascos, etc. Hay que avanzar rápidamente en una primera racionalización”.
La defensa de la ‘Primera Línea’:
El pasado 14 de enero, un grupo de jóvenes encapuchados, que pertenecen a la ‘Primera Línea’ de protestas en Bogotá, llevaron a cabo una rueda de prensa junto al abogado, Alirio Uribe Muñoz, candidato a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. Allí, uno de los voceros desmintió las informaciones de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, los cuales hablaron sobre una presunta red internacional que tiene como objetivo alterar el orden público, y de la cual, supuestamente, haría parte la ‘Primera Línea’.
El jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, habló en su momento sobre una “convocatoria por redes sociales, entre una organización chilena con organizaciones de las primeras líneas en Bogotá y en Colombia”, y las cuales generarían “acciones violentas y acciones que instiguen el delito”. Sin embargo, desde la ‘Primera Línea’ aseguraron que en esa transmisión no se alusión a cometer actividades contrarias a la ley.
“La temeraria vinculación con la insurgencia es una clara evidencia de que buscan estigmatizar nuestras luchas ante la opinión pública. Ponen en riesgo a nuestras compañeras y compañeros de amenazas judiciales y de grupos paramilitares”, sostuvo el vocero.
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