Defensa del exgeneral(r) Palomino pide escuchar al exministro Juan Pinzón en caso por tráfico de influencias

Rodolfo Palomino, quien fuera director de la Policía Nacional, es investigado por presuntamente haber evitado en el 2014 la captura de Luis Gallo, reconocido empresario que actualmente comparece ante la JEP por el delito de despojo de tierras

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Exgeneral Rodolfo Palomino. (Colprensa - Mauricio Alvarado)
Exgeneral Rodolfo Palomino. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

La polémica figura militar y quien llegase a ser el máximo comandante de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino ha protagonizado escándalos que aún retumban en la sociedad, como lo fue el de la comunidad del anillo que involucró a varias figuras políticas y militares en un escandaloso caso de prostitución masculina a cambio de favores y ascensos, hecho por el cual fue retirado de su cargo.

Pero este no es el único, la Fiscalía ha venido adelantando un proceso en su contra por haber presuntamente presionado un fiscal para reversar la decisión de la orden de captura contra Luis Gallo, polémico empresario quien era un miembro visible del cuestionado y permeado por el paramilitarismo: Fondo Ganadero de Córdoba.

La defensa que vienen apoyando al retirado Rodolfo Palomino, en cabeza del abogado Isnardo Gómez solicitó como testigos directos a Luis Gallo, quien sería el beneficiario del tráfico de influencias; Alejandro Ramelli, el entonces jefe de la fiscal Velázquez y hoy en día magistrado de la JEP; a Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, y al mayor general Jorge Enrique Peralta, entonces director de la Dijin, entre otros.

El abogado defensor Isnardo Gómez manifestó la necesidad de saber si las personas anteriormente mencionadas se vieron persuadidas por Palomino para frenar la captura. Las solicitudes realizadas quedaron radicadas. El Magistrado Jorge Caldas suspendió la audiencia hasta el 30 de marzo.

El proceso de Rodolfo Palomino se estudia como este presuntamente abría intimidado como Director General de la Policía Nacional a la fiscal Sonia Lucero Velásquez , quien adelantaba un proceso de captura contra 10 miembros del Fondo Ganadero de Córdoba, a ella se le habría acercado el entonces General Palomino a su residencia a solicitarle que no fuera a perjudicar a Luis Gallo.

“¿Gallo Restrepo? pues no, uno se sorprende. Yo quiero convencerla a usted de una propuesta, y de ser, espero que no sea calificada como una propuesta indecente; qué tal si dejamos eso por un tiempo ... donde esa persona (Gallo Restrepo) se ha estado moviendo. Un amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial, eso tendría una connotación enormemente grave”, son palabras dichas por el mismo Palomino y grabadas por la hija de la entonces fiscal Velásquez, prueba que reposa en el juicio.

En medio de la audiencia de acusación contra Palomino, la Corte aceptó como víctima a esa fiscal porque la presencia del uniformado en su vivienda pudo generar “intimidación y afectaciones”.

“La presencia considera razonable que la presencia del acusado en la residencia de Velásquez haya generado en ella y en su familia un sentimiento de intimidación. Porque la visita era de ineludible atención dado el reconocimiento del cargo que el procesado ostentaba para la época”, dijo el magistrado Jorge Caldas.

Luis Gonzalo Gallo, hizo parte de la junta directiva del fondo Ganadero de Córdoba durante el desplazamiento forzado de cientos de familias.

Precisamente en la Jurisdicción Especial para la Paz, se han adelantado varios procesos en pro de esclarecer los hechos que rodean el desplazamiento de cientos de familias en Córdoba y en el Urabá; a manos del Fondo Ganadero de Córdoba. Los directivos de la entidad que inicialmente se aliaron con los hermanos Castaño y sus bloques paramilitares, también habrían buscado alianzas con altos mandos de la Fuerza Pública para evitar detenciones o sanciones; una vez las investigaciones sobre el tema iniciaron.

Recopilaciones del Centro de Memoria Histórica revelan que para efectuar la consolidación del avance paramilitar y ganadero, la Fundación para la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR) bajo el mando de la familia Castaño, así como el Fondo Ganadero de Córdoba, orquestaron un plan de despojo y legalización de tierras que afectó a campesinos en el municipio de Valencia, Córdoba, y del sector de las Tulapas, en el norte del Urabá Antioqueño.

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