Comunidades indígenas denuncian delicada situación de derechos humanos en el norte del Cauca

Las organizaciones afirman que el dinero fácil del narcotráfico es uno de los problemas que afectan a los jóvenes de sus pueblos

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Un indígena colombiano sostiene la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en una protesta para pedir al gobierno colombiano seguridad en sus territorios, el fin de las masacres y asesinatos de líderes sociales, durante un encuentro indígena denominado "Minga", en Cali, Colombia. 12 de octubre de 2020. REUTERS/Lina Gasca
Un indígena colombiano sostiene la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en una protesta para pedir al gobierno colombiano seguridad en sus territorios, el fin de las masacres y asesinatos de líderes sociales, durante un encuentro indígena denominado "Minga", en Cali, Colombia. 12 de octubre de 2020. REUTERS/Lina Gasca

La tulpa para el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) es un espacio donde la comunicación y la educación se hacen propia. Desde la ancestralidad, la tulpa representa la unidad familiar.

En la tulpa de Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) se reunieron el pasado 1 de febrero, comunidades y autoridades indígenas del departamento con el embajador de la Unión Europea, Giles Bertrand.

El objetivo del encuentro era que el embajador, delegados de la Misión de Acompañamiento del Proceso de Paz de la OEA, y de la Organización de las Naciones Unidas, conocieran la situación de violencia que se vive en el departamento por la presencia de grupos armados y el narcotráfico como principal fuente de desarmonías.

Las organizaciones indígenas han denunciado en varias ocasiones que el dinero fácil del narcotráfico es uno de los problemas dentro de sus comunidades. “Los jóvenes se acercan muy fácil a las economías violentas”, le dijo Edwin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de Derechos Humanos de la Acin a Infobae Colombia.

El coordinador advirtió que cualquiera que sea el grupo armado, “estos permean nuestras costumbres. Estudian muy bien las necesidades indígenas para reclutar a los niños y niñas. Somos declarados como un objetivo.”

Durante el evento con las autoridades internacionales, las comunidades indígenas relataron los últimos hechos de violencia que los han afectado. Hablaron de los casos presentados en el resguardo de las Delicias, municipio de Buenos Aires. El primero donde tres personas de una misma familia fueron asesinadas. El otro, el de Breiner Cucuñame, un guardia indígena de 14 años que murió en un ataque a tiros.

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Desde las mismas autoridades confirman que esta vulneración los ha hecho pelear entre las mismas comunidades y compañeros. Para intentar solucionar este problema, desde hace nueve años, la Cric creó la Guardia Indígena Estudiantil, con la estrategia de fortalecer la convivencia comunitaria de niños y niñas indígenas y combatir las desigualdades. A este grupo pertenecía Breiner.

Capaz Lactamo dijo que, “esta guardia nació en Caloto Cauca con 300 niñas y niños y ha contado con el apoyo de las secretarías indígenas. Es un espacio enfocado en tres principios básicos: reciclaje, costumbres ancestrales y riesgos ambientales”.

Cuando le llegó el turno a la autoridades de Jambaló, comentaron que consideran que en esa región se le viene apostando a la paz, pero “infortunadamente proyectos como el de sustitución de cultivos de uso ilícito ha sido un total fracaso”.

El coordinador de la Acin confirmó a Infobae que, “lastimosamente los jóvenes se vuelven vulnerables a la mafia y el narcotráfico y a los trabajos en cultivos ilícitos. Las luchas contra esos campos ilícitos y esas mafias generan la muerte de nuestros jóvenes en zonas rurales”.

“Llegan y anclan las economías ilegales en zonas indígenas. Entendemos que hay una complicidad del estado con estos grupos armados”, continúo.

Jambaló, donde el 70 % de su población es joven, es un punto de alto riesgo para las comunidades y del cual ya advirtieron al embajador Bertrand.

Ahora la estrategia es “tomar a la juventud aprovechando su vulnerabilidad para colocarlos en contra del ejercicio de gobierno propio, constituyendo grupos de trabajo para la plantación de los cultivos”, asegura el informe entregado a la misión internacional.

Pero también señalaron al gobierno en esa intención de deslegitimar a las autoridades tradicionales indígenas, mediante declaratoria de tierras baldías de sus resguardos, con el fin de justificar la extracción minera y forestal que se protege desde las comunidades.

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