Colombia es el país más peligroso para la defensa de los derechos humanos: Amnistía Internacional

El pasado 17 de enero, el cuerpo de Luz Marina Arteaga fue hallado sin vida. Arteaga era una de las defensoras de comunidades campesinas más conocidas del departamento del Meta. Antes de morir, había denunciado que en su región la situación de orden público era complicada por el abandono del Estado y el despojo territorial al que habían sometido a campesinos e indígenas grupos armados ilegales.

Las aseveraciones de ese entonces dieron luz verde a la Unidad Nacional de Protección para velar por la vida de esta lideresa que se encontraba amenazada y en abril del 2019 se impusieron entorno a ella una serie de medidas materiales para proteger su vida, pero no fueron suficientes.

Llevada por algo de temor, en octubre de 2019 Luz Marina denunció a la Fiscalía las amenazas en su contra y en 2020 alcanzó a informar a la Unidad Nacional de Protección que estas no eran las adecuadas. Nada fue suficiente.

La historia se repite con el caso del José Albeiro Camayo Güetio, excoordinador regional de la guardia indígena en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el Cauca. El pasado 24 de enero, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (TDVD) denunció su asesinato a manos de presuntos miembros de un grupo paramilitar que dispararon en contra de la comunidad después de que la guardia les había expulsado del territorio.

Aunque el caso de Arteaga sucedió en el Meta y el de Camayo en el Cauca, los hechos no son distantes. Hacen parte de una realidad que en Colombia se escucha a diario en los medios, pero que parece salirse de la manos de un Estado que se esfuerza pero que no logra garantizar la vida y que tampoco toma suficientes medidas para abatir los grupos armados, disidencias y delincuencia que ahora se disputan el territorio por el tráfico de sustancias ilegales.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz lo pone en cifras. Solo en enero de este año 15 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia y al 29 de enero de 2022 se registró un total de trece masacres, que resultaron en la muerte de 39 personas que viven en zonas rurales en Colombia.

La situación ha hecho que Amnistía Internacional denuncie las políticas fallidas de prevención y protección y que en un listado de los países que considera más peligrosos para la defensa de los derechos humanos en años anteriores, posicione a Colombia como el país más peligroso.

“La protección de comunidades Indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia es ineficaz porque no aborda las causas estructurales de la violencia y comúnmente se da sin la debida participación de quienes están en riesgo. Las personas defensoras de comunidades en riesgo están en una constante situación de desprotección, por lo que las amenazas, ataques y asesinatos son constantes en el país considerado el más peligroso para defender derechos humanos en el mundo”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Decir la verdad y defender la vida sigue siendo motivo de incomodidad para muchos. Sobre todo en México, en donde cuatro periodistas fueron asesinados y una defensora de los derechos humanos, que luchaba por el feminicidio de su hija en Temixco, Morelo,s pagó con sangre lo que significaba exigir algo de justicia.

En Honduras y Brasil las cifras son semejantes; tres defensores asesinados. En Honduras uno luchaba por los derechos de la comunidad trans, los otros defendían el territorio.

Por su parte, en Brasil fueron hallados los cuerpos de tres personas de una misma familia conocida por liberar crías de tortugas y por defender una causa: la protección ambiental.

La vida sigue, dirán unos, pero las cifras dan cuenta de un escenario que es aterrador. Por eso, para revertir la tendencia, Arias sugiere mayor compromiso de la justicia pues se trata de construir un futuro donde defender los derechos humanos no signifique arriesgar la vida.

“Los Estados tienen la obligación de investigar los asesinatos de manera pronta, exhaustiva independiente e imparcial, y con una línea de investigación principal que considere la labor de defensa de los derechos humanos o actividad periodística. Eliminar la impunidad en estos casos es crucial para lograr un entorno seguro para defender derechos humanos y enviar un mensaje claro de que estos actos no son tolerados”, señaló.

Con esto, se busca levantar alarmas en defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, pues aquellos que amenazan los intereses de unos cuantos son necesarios para ejercer control ante sistemas políticos y económicos que parecen indolentes y son negligentes ante la violencia que enfrentan.

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