CIDH investigará el asesinato del líder sindical Óscar Polo ocurrido en 2001

Después de años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) accedió a estudiar el caso de Óscar Darío Soto Polo, asesinado el 21 de julio de 2001 en medio del conflicto armado interno del país. El organismo internacional fue llamado a intervenir en 2013, por solicitud de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) , pero solo hasta este primero de febrero se obtuvo una respuesta.

La Comisión señaló que la CIDH estudiará la vulneración de los derechos a la vida, la integridad personal, garantías judiciales y libertad de asociación que cobijaban a Soto Polo. Además, investigarán la protección a la familia, derechos del niño y protección judicial.

Se indicó que ahora que la Comisión Interamericana admitió el caso, este pasará a la etapa de fondo; allí se analizará si hubo vulneraciones a los derechos humanos y se decidirá si se declara la responsabilidad del Estado colombiano.

La CJC afirmó que cuando Soto Polo fue asesinado, este se desempeñaba como dirigente sindical en Córdoba; era presidente de la seccional Montería del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Bebidas de Colombia (SINALTRAINBEC), y estaba afiliado al Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). También trabajaba como operador de la embotelladora Román, que procesaba bebidas de la marca Coca-Cola en Colombia.

El asesinato se registró mientras Soto Polo caminaba hacia su residencia, ubicada en la ciudad de Montería. El hombre iba con su hija de ocho años, cuando dos sicarios que viajaban en una motocicleta le dispararon a quemarropa causándole la muerte al instante. Su hija escapó sin ninguna herida física, pues logró esconderse cuando vio a los asesinos acercándose a su padre.

Las autoridades colombianas iniciaron las respectivas investigaciones y estas apuntaron a que el crimen fue perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Incluso, en 2014 la Fiscalía General de la Nación vinculó a la investigación, y capturó a Hiran Herazo Marzola y Fernando Manuel Romero Acosta, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado; y a César Fernando Mancuso Gómez y Marco Antonio Giraldo Torres, por el cargo de concierto para delinquir.

Sin embargo, estas acciones no trascendieron. Se habla de que las autodefensas, que para entonces controlaban Córdoba, tenían cooptadas a la mayoría de las instituciones del país.

Es de mencionar que el sindicado Mancuso Gómez es hermano de Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC y ya tiene 16 medidas de aseguramiento en su contra por los 1.720 crímenes cometidos entre 1992 y 2004 en diferentes departamentos del país. De acuerdo con lo que se le acusa, estaría involucrado en delitos relacionados a homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre.

Entre los delitos que confesó está la masacre de El Salado, ocurrida a mediados de febrero de 2000 en un caserío ubicado en los Montes de María en el departamento de Bolívar, donde un grupo de paramilitares, utilizando armas ligeras, piedras, palos, morteros de hierro, cabuyas y otros elementos, asesinó a 62 habitantes del pueblo.

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