En Atlántico, madres comunitarias protestan frente al ICBF el día del comienzo de clases

En las instalaciones de la Dirección Regional Atlántico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), llegaron al menos de 300 madres comunitarias, con el propósito de manifestar sus quejas con respecto a las condiciones actuales de los Centros de Desarrollo infantil (CDI), en los municipios del Atlántico.

Varias de los factores que resaltó Sandra fueron, los recursos materiales limitados, reducción del presupuesto para la minuto -o canasta de alimentación a la primera infancia- y falta de garantías de contratación formal, como “determinantes para alzar la voz”.

Además, Sandra Acosta agregó que la reducción de presupuesto para la alimentación de los niños es otro de los puntos preocupantes para el gremio.

Por su parte, Gredy Franco, una madre comunitaria de Soledad, confirmó ser una de las casi 100 mujeres de este gremio del departamento que “están sin contratos”, a pesar de que en los CDI ya se hayan retomado labores presenciales.

De igual manera, adicionó que la falta de garantías respecto al pago del salario mínimo es otro punto sobre el cual las madres comunitarias “exigen solución”.

Ante la situación, Benjamín Collante, director del ICBF Regional Atlántico, tuvo un acercamiento con las voceras y agremiadas para exponer formalmente los avances en sus requerimientos.

El directivo durante la reunión explicó que se están llevando a cabo gestiones de formalización de contratos de personal para la atención a la primera infancia. Así mismo, Collante manifestó que los procesos administrativos avanzan para garantizarles a las madres comunitarias el pago mensual de un salario mínimo legal vigente.

Por las continuas denuncias acerca de la deficiente alimentación de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayúu de la Guajira, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) detallar cómo se está garantizando los derechos a esta población. En un oficio dirigido puntualmente a la directora de la seccional guajira del ICBF, Yanerys Beatriz Cotes, se pide relacionar los contratos vigentes que garantizan la alimentación de los niños Wayuu.

“La Procuraduría General de la Nación solicitó a la directora del ICBF de la Regional La Guajira, Yanerys Beatriz Cotes Cotes, información detallada sobre la contratación de los programas de alimentación que benefician a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayúu. En comunicación enviada a la funcionaria, el Ministerio Público pidió especificar la fundación u operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos”, informó el ente de control en un comunicado de prensa publicado este 30 de enero.

Se indicó que, además de especificar el operador contratado, el ICBF deberá informar el valor de cada contrato, el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio y toda la información de la representación legal.

Se hará un seguimiento más cercano al presupuesto que ejecutó el ICBF a través de la modalidad familiar. Se verificará que se esté cumpliendo con la entrega gratuita de leche, alimentos o complementos nutricionales y, la alimentación de niños y niñas de cero a cinco años en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Instituto.

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