Contraloría profirió fallo contra consorcio que debía entregar un puente en Córdoba hace 10 años

10 años tardó el Consorcio Puente Valencia en habilitar la obra que debía comunicar al Alto Sinú, en Córdoba, con el Urabá antioqueño. Incluso ahora, con la obra conocida, siguen existiendo problemas, por lo que la Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal contra el consorcio. La acción legal recae sobre Efraín Antonio Barros Cabas y las empresas Sym Ingeniería Ltda, Cortázar y Gutiérrez Ltda, Global Valor S.A., además de Diconsultoría S.A., que fungió como interventor del proyecto.

El fallo está avaluado en 3.461 millones de pesos y la Contraloría argumentó que tomó la decisión porque la obra no cumple con el objetivo por el que se mandó a construir. Además de los retrasos, hay inconsistencia en los montos del contrato.

Se encontró probado que existió falta de inversión del anticipo en obra y no hubo devolución de los recursos dejados de invertir. También resultó deficiente la calidad de los diseños entregados y aprobados y de la misma obra.

Por estos hechos, la Contraloría sostiene que los recursos invertidos no atendieron a la finalidad de satisfacer el interés general de la comunidad. La contralora delegada Intersectorial 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción asegura que esta es la consecuencia de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente.

Así mismo, se ordenó desvincular al asegurador Seguros Generales del Estado S.A.; y se falló sin responsabilidad fiscal en favor del señor Camilo Benítez Lacouture, por no encontrarse acreditados todos los elementos de la responsabilidad fiscal.

Este fallo se emitió una semana después de que la misma Contraloría encontrara irregularidades en siete proyectos ejecutados en Córdoba. El ente de control informó que hizo hallazgos fiscales por 18.200 millones de pesos.

“En una Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría General de la República determinó siete hallazgos administrativos con incidencia fiscal por cuantía de $18.200 millones, en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías asignados al departamento de Córdoba. “, se lee en un comunicado publicado por el ente de control el 27 de enero.

Se indicó que los problemas se presentan particularmente en los municipios de Sahagún, Lorica, San Antero, Planeta Rica y Montería, la capital del departamento. Desde la gobernación de Córdoba y los gobiernos locales se ejecutaron los dineros en los sectores de transporte, educación, salud, ciudad y territorio, deporte, cultura y vivienda.

El hallazgo más relevante está relacionado con un contrato de obra celebrado para la construcción de la sede de la Universidad de Córdoba, en el municipio de Sahagún. Allí se identificó una irregularidad que supera los 16.842 millones de pesos, y, además de tener incidencia fiscal, también tiene repercusiones disciplinarias. Lo anterior obedece a que la obra se convirtió en un elefante blanco.

La Contraloría aseguró que desde hace un tiempo advirtió fallas en la planificación, el seguimiento y el control de la obra, lo que impedía que tal sede funcionara. Además, las autoridades no presentaron soportes financieros que acrediten la ejecución del contrato de interventoría y para agravar el caso, se inscribió el acta de terminación del proyecto cuando este no estaba listo.

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