Por presuntos hechos de corrupción, Fiscalía pide investigar a Sandra Villadiego, aspirante a la Cámara por el Pacto Histórico

Esta semana, medios de comunicación nacionales reportaron que agentes del CTI de la Fiscalía habían capturado a Javier Amell Hernández, exalcalde del municipio de Galeras (Sucre), y a tres personas más luego de señalamientos en su contra por supuestos actos de corrupción, particularmente, relacionados a direccionamiento de contratos. De acuerdo con la investigación, el exmandatrio local habría estado inmiscuido en temas de gestiones de contratos de maneras irregulares y de la apropiación de dineros públicos. La actual aspirante a la Cámara por el Pacto Histórico en Bolívar, Sandra Elena Villadiego, se vio salpicada en esta invesrtigación.

De acuerdo con lo que detalla la investigación, durante el periodo del 2016 hasta el 2019, el exmandatario acudió al exrepresentante a la Cámara, Raymundo Méndez, y a la exsenadora y actual aspirante a la Cámara por el Pacto Histórico en Bolívar, Sandra Elena Villadiego, para que se intercediera, a través de Prosperidad Social, para desebolsar 13.200 millones de pesos para el supuesto arreglo de vías. A la administración de Galeras le fueron entregados, entonces, 13.212 millones de pesos para ello. Por aquel favor, se presume, los congresistas habrían recibido el 15 % de la suma desembolsada.

Así mismo, el entonces alcalde de Galeras y el contratista habrían, supuestamente, hecho un trato de repartirse una parte del 50 % sobre las ganancias o las utilidades de los contratos. Ahora, entonces, los capturados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer, acuerdos restrictivos de la competencia y cohecho propio.

“La estructura criminal determinó el pago de dádivas indebidas a congresistas y otros funcionarios públicos con el fin de, a través de convenios interadministrativos, direccionar recursos públicos desde el Departamento para la Prosperidad Social, con domicilio en Bogotá, dirigidos a financiar los proyectos de infraestructura presentados ante esa entidad por el municipio de Galeras. Y a su vez, direccionar los procesos licitatorios que con dichos recursos se adelantaran en el municipio para realizar las obras públicas”, señala el expediente de la Fiscalía.

Los funcionarios señalados de cometer, supuestamente, estos delitos, en beneficio de empresas específicas, habrían estructurado los pliegos de manera amplia, los modificaron y los entregaron, con tiempo de antelación, a los oferentes de su particular interés. A esto se suma que, de acuerdo con las indagaciones, fueron presentadas ofertas falsas para facilitarle las gestiones a quienes finalmente se quedaron con los contratos. Se redujeron los tiempos de la licitación para evitar la participación de otras empresas.

La Fiscalía, ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pidió la investigación sobre estos excongresistas. La Fiscalía resaltó que Jorge Angel Noguera Castro, del Grupo Empresarial Proyectar Ingeniería SAS, y uno de los capturados, permitió ser uno de los proponentes en los contratos, “a sabiendas que su participación no era con la intención de competir para ser adjudicatario, sino para dar visos de legalidad a la licitación, aparentando pluralidad de oferentes”.

“La información relacionada con la empresa de quien ya se conocía que sería el futuro adjudicatario de la licitación a quien además le dio a conocer los pliegos de condiciones, todo esto previo a la publicación del proceso contractual”, agrega el expediente.

De acuerdo con lo que destacó la revista Semana, Méndez Bechara llegó al Congreso en 2010 y fue reelegido en el 2014. Fue fórmula del exsenador Musa Besaile, quien ahora se encuentra en manos de la justicia colombiana por el cartel de la toga. En 2019, recordó el portal informativo, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de su investidura por su inasistencia a las plenarias en el Capitolio.

Villadiego, por el otro lado, relató la revista, aspira a una curul en las próximas elecciones al Congreso a nombre del partido ADA. Ser incluida en las listas del Pacto Histórico generó polémicas porque su esposo, el excongresista Miguel Ángel Rangel, fue condenado por parapolítica.

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