Exponen entramado de corrupción que ocasionó la pérdida de recursos destinados a la pavimentación de vías en Galeras, Sucre

La Fiscalía General de la Nación dejó en evidencia a varios exfuncionarios de la Alcaldía de Galeras, Sucre, que estarían envueltos en un entramado de corrupción que dejó millonarias pérdidas para el municipio.

El ente acusador informó que obtuvo abundante material de prueba y evidencia física que permitió desarticular una presunta red de corrupción, que habría entregado dádivas para quedarse de manera irregular con varios contratos y apropiarse de dineros públicos dispuestos para la pavimentación de vías en Galeras, Sucre.

La Fiscalía anunció que miembros del CTI lograron la captura de Remberto Javier Amell Hernández, quien fue alcalde de Galeras en el periodo 2016 – 2019; Carlos Eduardo Cueto Corrales, quien se desempeñaba como secretario de Planeación para la época de los hechos; Lila Margarita Aldana Argel y del contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero.

De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario, supuestamente, acudió a un representante a la Cámara y a una senadora de la República para que mediaran ante Prosperidad Social (DPS), de modo que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial.

Finalmente, el Gobierno nacional asignó 13.212 millones de pesos a la administración de Galeras. Al parecer, por esa gestión fraudulenta, los congresistas habrían recibido el 15 % de la suma desembolsada.

Con este millonario rubro se suscribieron, mediante licitación pública, tres contratos de obra distintos. Uno para la “construcción de pavimento en concreto rígido” por 4.134 millones de pesos, con plazo de ejecución de seis meses.

El segundo contrato era para la “construcción de pavimento en concreto hidráulico” por 2.793 millones de pesos; y el tercero, para la “construcción de pavimento en concreto rígido” por 3.796 millones de pesos.

Irregularidades en el proceso de licitación de los contratos

Los exfuncionarios capturados por el CTI, presuntamente, direccionaron la contratación en los tres procesos contractuales, en beneficio de unas empresas específicas. Al parecer, estructuraron los pliegos de manera amplia, los modificaron y los entregaron con antelación a los oferentes de su interés.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación aseguró que hay evidencia de que los exfuncionarios habrían reducido el tiempo de la licitación para que otras empresas no pudieran participar en el proceso. Además, habrían presentado ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos.

Por esta actuación, el entonces alcalde, presuntamente, recibió el 50 % de las ganancias netas del primer contrato de obra.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los señalados involucrados, de acuerdo con su posible participación en las irregularidades detectadas, delitos como: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos fueron aceptados por los procesados.

“En atención a los elementos de prueba recopilados en este proceso, la Fiscalía realizó compulsa de copias a la honorable Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que asuma los asuntos de su competencia”, informó el ente acusador.

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