De acuerdo con algunos líderes sociales del municipio de La Paz-Robles (Cesar), hay un puñado de problemas que necesitan solución urgente y han sido desatendidos. Algunos son de orden político y otros involucran el presupuesto especial que se recibe por hacer parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El problema de dinero involucra el nombre de un cantante fallecido y un escenario que, según los habitantes, no necesita reparación urgente. El contrato para reparar la plazoleta Olaya Herrera, donde también está ubicada la tarima Jorge Oñate, fue adjudicado desde 2021 y pagará a su ejecutor más de mil millones de pesos. Sin embargo, los habitantes creen que el dinero podría invertirse en otras necesidades.
El municipio de La Paz tiene unas fronteras difíciles: conecta con el departamento de la Guajira, la ciudad de Valledupar, una parte de la frontera con Venezuela y la Serranía del Perijá, que es territorio de la etnia yukpa. Dicho esto, se puede entender por qué constituye un problema que la cabecera municipal solo cuente con un hospital y que haya un centro de salud abandonado desde hace dos décadas.
Según el diario El Pilón, ante el abandono del centro de salud Emilio J. Rueda, los habitantes de las veredas Alto Cuna, Caño la Vela, Hondo del Río y San José deben emprender trayectos de hasta tres horas para llegar a los hospitales de municipios cercanos; si se trata de una urgencia vital, sobrevivir no es una opción.
Por otro lado, según una denuncia que hizo el líder campesino Dairo Bayona a la emisora W Radio, los habitantes de este municipio no cuentan con el servicio de agua potable. El río de donde sacaban el agua está contaminada desde hace seis años por una planta de tratamiento que se convirtió en elefante blanco.
Todas las personas de La Paz llevan el agua en pimpinas desde Valledupar, a tres mil, a cinco mil pesos; debido a que el afluente hídrico, el río Chiriaimo, está contaminado totalmente por una laguna de oxidación, una planta de tratamiento de aguas residuales a la cual le invirtieron más de seis mil millones de pesos y esa plata se la robaron.
Además, Luis Fernando Lara, candidato a las circunscripciones especiales para la paz, denunció que las escuelas de La Paz no son de operación oficial y sus condiciones no permiten estudiar con dignidad.
El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, justificó la inversión de la plazoleta y la tarima en la reciente pérdida del cantante y compositor Oñate, oriundo del municipio. Cuando se le preguntó sobre la radicación de la solicitud para que el centro de salud vuelva a funcionar, no pudo dar una respuesta satisfactoria.
Se roban las circunscripciones
El otro problema denunciado desde La Paz es de corte político. Un grupo de candidatos a la circunscripción especial para la paz número 12 (que abarca el departamento del Cesar, como la Guajira y el Magdalena) denunció que algunas candidaturas -específicamente, las de William Romero, Sebastián Ochoa, Jorge Rodrigo Tovar, Pedro Norberto Castro y Marleny Kammerer- no vienen de víctimas y pueden beneficiar a grandes grupos políticos, como el clan Gnecco.
La denuncia fue enviada a varias cortes nacionales e internacionales, incluída la JEP, el CNE y la Corte IDH. El grupo de candidatos busca que se especifique cuál es el objetivo de esas curules de la Cámara y qué requisitos deben cumplir sus ocupantes.
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