La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia archivar el caso de los generales en retiro Rodolfo Palomino, Carlos Ramiro Mena y Edgar Sánchez Morales, acusados por los delitos de constreñimiento ilegal y abuso de autoridad.
En la diligencia el ente acusador solicitó la preclusión de la investigación por prescripción.
Este proceso que involucra a estos tres generales retirados de la Policía Nacional empezó en 2013, cuando el coronel (r) Marco Aurelio Pedroza señaló presuntas irregularidades en el proceso de llamamiento a curso de generales en 2012.
Pedroza destacó que como subdirector de la Policía, el general Palomino lo descartó para el ascenso, a pesar de que tenía todos los requisitos para el nombramiento. Cumplía con todas las normas legales y había presentando una serie de derechos de petición para lograr el ascenso a general.
Para que Pedroza no siguiera con estos señalamientos, el 3 de octubre de 2012 fue citado por Palomino, quien en esa época era subdirector de la Policía, a una reunión junto a su esposa e hijos y los generales Mena y Sánchez, ambos superiores de los hijos de Pedroza. Según consta en la denuncia, esta reunión existió para intimidarlo y detenerlo en sus acusaciones.
El exdirector de la Policía Rodolfo Palomino reconoció ante la Fiscalía que la reunión efectivamente sucedió, pero que “fue un asunto cordial y de solidaridad por no haber sido llamado al ascenso”.
Pero Pedroza en la denuncia afirmó que existieron actos de represalia por las denuncias a sus superiores. Uno de ellos fue que días después de graduarse uno de sus hijos, fue trasladado al Amazonas. Decisión que vieron influenciada por las acciones que había tomado.
Este caso ya había sido precluido una vez. El 26 de febrero de 2019 la Sala Primera Instancia de la Corte Suprema había tomado la decisión, pero en marzo de 2020 la Sala Penal revocó esa determinación porque “no se demostró en debida forma la solicitud de preclusión siendo evidente las omisiones investigativas frente a los hechos motivo de queja”.
Le puede interesar: Magistrado Aroldo Wilson Quiroz, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia
La fiscal encargada afirmó durante la diligencia que “solo hasta el 7 de mayo de 2020 el caso se entregó a otro despacho en la entidad después de que volvió de la Corte Suprema de Justicia, tiempo en el cual obró la prescripción”.
“El 7 de abril de 2020 se venció el plazo para emitir una sentencia, teniendo en cuenta que el ente investigador tenía un plazo de siete años y seis meses desde la comisión de los hechos para realizar la indagación”, prosiguió la funcionaria.
Por su parte, la defensa se opuso a este argumento y señaló a la Fiscalía que los hostigamientos en contra del coronel Pedroza continuaron después de 2013, luego entonces, aún no se han vencido los tiempos para hacer la investigación de los hechos.
La funcionaria de la Fiscalía contradijo y afirmó que “los hechos no pueden revisarse de una manera aislada porque tenían la presunta intención de evitar que el coronel Pedroza hiciera reclamos públicos.”
Ahora será el momento de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema tome la decisión de archivar o no la investigación de los oficiales retirados.
SEGUIR LEYENDO: