Un día después de que la Corte Constitucional emitiera un fallo en el que declaraba el Estado de Cosas Inconstitucional por fallas en la implementación del Acuerdo Final de Paz, el consejero presidencial para la Estabilización y el posconflicto, Emilio Archila refutó la decisión.
En entrevista con RCN Radio este viernes 28 de enero, Archila afirmó que, “como cabeza de la entidad no apoyo la determinación del tribunal”.
Cabe recordar que en la tarde del jueves 27 de enero, la Corte Constitucional tomó esta decisión luego de estudiar cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que denunciaron amenazas graves contra su vida e integridad personal.
La figura del Estado de Cosas Inconstitucional se usa en casos de vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas.
Esta situación la corroboró el alto tribunal y determinó que sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Con una votación cinco contra cuatro, los magistrados de la corte dieron la razón a los excombatientes del país que pusieron tutelas separadas en las que alegaban la falta de garantías de seguridad en los territorios y otros puntos acordados por el Estado en el acuerdo de La Habana.
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Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 303 desmovilizados en Colombia.
Al hacer un análisis sobre cómo se está trabajando el camino hacia la paz, el consejero explicó que: “Este es el proceso de desarme, de los 11 que ha habido, en donde menos afectaciones se presentaron por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación. El inmediatamente anterior en el tiempo, en la administración del presidente Santos, hubo 11 muertos por cada 1.000 personas en proceso de reincorporación de las Autodefensas.”
“Los fallos todos se acatan pero obviamente este no lo compartimos ni nosotros, ni cuatro de los miembros de la Corte Constitucional que salvaron su voto”, manifestó el funcionario del gobierno.
A su vez, la Corte dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos considerando el alto número de firmantes del Acuerdo Final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados.
“Que la Corte Constitucional haya analizado el tema y disponga que se fortalezcan las medidas que en su gran mayoría se refieren a temas que ya estábamos haciendo, permitirá que esos mecanismos sean más adecuados”, determinó en la entrevista al medio de comunicación.
“Cuando se trata de un tema como la vida, el único objetivo que es aceptable es que existan cero muertos y obviamente, el propósito del presidente Iván Duque y todo el gobierno es que ninguno de los excombatientes que están en proceso de reincorporación sean afectados por quienes los han estado atacando y tristemente asesinando”, indicó Archila.
Además, Archila aseguró que, “se han bajado un 30 % las afectaciones en contra de los excombatientes”, razón por la que no comparte los criterios de la alta corte para el fallo.
Respecto a la impunidad en los casos que afectan la vida los excombatientes, el funcionario entregó datos de los avances en los procesos judiciales. “Hay más de 150 sentencias condenatorias. Hay más de 171 personas condenadas, tanto los autores materiales como los intelectuales”.
“En estos tres años pasamos de estar invirtiendo $55.000 millones en la protección de los excombatientes en la Unidad Nacional de Protección (UNP), a estar en este momento invirtiendo más de $250.000 millones. Pasamos de 600 hombres que les daban protección a más de 1800″, concluyó Archila.
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