Piden a la Comisión de la Verdad acelerar la creación del comité de seguimiento del informe final

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de la Verdad acelerar la creación del comité especial de seguimiento a las recomendaciones que proyectará en el informe final sobre sus hallazgos en el conflicto armado, en búsqueda de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas en el contexto de la justicia transicional.

A cinco meses de que la Comisión de la Verdad cumpla con el periodo que le otorgó la Corte Constitucional y haga entrega del documento, el órgano de control, a través de su acción preventiva, requirió completa transparencia en los mecanismos de selección, articulación y financiación del comité de seguimiento, teniendo en cuenta que este tendrá que velar por el cumplimiento e implementación de lo que se exponga en el informe.

Además, recordó que el comité especial deberá estar integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Por otro lado, insistió en la necesidad de que la comisión presente el documento final en un lenguaje comprensible y accesible para las víctimas de todas las regiones, y proyecte una estrategia de difusión que sea incluyente con los pueblos indígenas que no se comunican en castellano, entre otras personas funcionalmente diversas.

El Ministerio Público advirtió que las entidades del Sistema Integral para la Paz deben avanzar en el cumplimiento del régimen de condicionalidad para reparar integralmente a las víctimas y fortalecer su articulación con las instituciones locales y del Gobierno nacional.

La Comisión, de conformidad con lo establecido en el Decreto 588 de 2017, artículo 2º, deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros.

2. Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir.

3. Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia.

Estos tres objetivos deberán contribuir a crear las condicione estructurales para la convivencia de todos los colombianos y sentar las bases de la no repetición, la reconciliación y la paz estable y duradera.

El presidente de la Comisión, Francisco de Roux, en la conmemoración de los tres años de la entidad, señaló que el trabajo adelantado desde el inicio del mandato hasta la fecha tiene el objetivo de “rescatar la grandeza de esa paz que Colombia realmente quiere” y, desde ese esfuerzo colectivo, se dejará este documento “para invitar a construir desde las diferencias políticas, de género, culturales y étnicas la nación del futuro que merecemos todos y todas”.

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