Exguerrilleros de las FARC reconocieron ante la JEP su responsabilidad en la masacre de Bojayá

Seis excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la masacre de Bojayá, una de las peores matanzas que sacudió al país, perpetrada el 2 de mayo de 2002 en el marco del conflicto armado.

Los exguerrilleros del Frente 34 del Bloque José María Córdoba asumieron su participación en la masacre perpetrada en este municipio ubicado en el departamento del Chocó, donde al menos 79 personas fallecieron por la explosión de un cilindro bomba que fue lanzado por las FARC en contra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero que cayó en la iglesia en la que se había refugiado la población en medio del enfrentamiento.

Así lo reconocieron Fancy María Orrego, Luis Oscar Úsuga Restrepo, José Ignacio Sánchez Ramírez, Vianey de Jesús Hernández, Pedro Baracutao García Ospina y Nelson Elías Benites Urrego, en una serie de audiencias de versión colectiva que se llevaron a cabo en el municipio de Dabeiba, Antioquia, el 9 y 10 de septiembre de 2021.

“Durante los dos días en los que se realizó la diligencia, los comparecientes respondieron las preguntas de la magistratura e hicieron varios aportes a la verdad, entre ellos el reconocimiento colectivo por la masacre de Bojayá ocurrida el 2 de mayo de 2002, así como la responsabilidad en diferentes tomas guerrilleras y asesinatos”, indicó el tribunal de paz con relación a las audiencias de contribución a la verdad en el caso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá.

De igual manera, los exmiembros reconocieron su participación en la organización y ejecución de hostigamientos y ataques a las fuerzas militares, dentro de las que se encuentran la emboscada realizada en la vereda Tacidó, de Mutatá (Antioquia), en 1991, así como su responsabilidad colectiva en la toma del municipio de Uramita, en este mismo departamento, en la que fueron secuestrados dos miembros de la fuerza pública y se presentaron varias afectaciones a la población civil, el 8 de junio de 1991.

Además, asumieron de manera colectiva su responsabilidad en afectaciones a las empresas que no pagaban las “vacunas”, como la quema de 15 buses de la empresa Gómez Hernández y siete buses de AsotraUrabá, así como su responsabilidad en las tomas de puestos municipales de Policía en Acandí, Chocó (1990), donde murieron varios policías y destruyeron la Caja Agraria; Riosucio, Chocó (1992); Balboa, Chocó (1989); Peque, Antioquia (1994); y San Pedro de Urabá, Antioquia (1994).

“Cogimos 4 militares en un retén, era la cúpula del batallón, iban en una camioneta blanca sin placas, eso fue en Pegadó. Creo que uno de ellos era un teniente, iba un sargento y un cabo; del otro no me acuerdo, me parece que uno se llamaba Hernández, iban de civil y al requisarlos encontramos los papeles y pasamontañas. El comandante Jacobo Arango dio la orden que los ajusticiáramos y se tiraron al río”, reconoció por su parte, Nelson Benítez.

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