La Corte Suprema de Justicia tuvo que suspender para marzo próximo la audiencia del juicio contra el precandidato presidencial Camilo Romero, luego de que su abogada de oficio presentara una incapacidad médica por enfermedad.
En esta audiencia el exgobernador de Nariño deberá aclarar ante la justicia presuntos vicios en un contrato para la compraventa de aguardiente Nariño durante su administración, en el que se habrían comprometido cerca de 18 mil millones de pesos. Estas investigaciones iniciaron en 2019.
Durante este proceso que se adelanta en su contra, el político del Partido Verde tuvo que afrontar la renuncia de su abogado de confianza, Gerardo Barbosa.
“El doctor Gerardo Barbosa renunció por cómo se le quería obligar a desconocer su profesión académica, obligándolo a de un día para otro cancelar su agenda, adelantar un juicio mientras tenía covid, pero levantó sin ningún problema otra audiencia porque el señor fiscal no se sentía bien” dijo Romero.
Por esa razón, el tribunal le asignó a Ruth Marina Pulido como su defensora pública. Y ahí fue la primera vez que Romero quiso suspender esta audiencia. Lo dijo el 25 de enero en una audiencia pasada, ”Ustedes pretenden llevar a un juicio sin las garantías de la defensa”.
“La defensora no es una persona que yo le pague, no es de mi confianza y ha dicho que no está en la facultad de seguir mi defensa. Ustedes pretenden garantizar un juicio sin garantizar el derecho a la defensa. ¿Cómo se explica eso?”, dijo Romero en ese momento.
Según el precandidato, la Corte Suprema no le podía exigir a la abogado de la Defensoría del Pueblo “tener lista una defensa para el juicio en menos de 20 días”.
“No puedo actuar, ni objetar ni contrainterrogar en un juicio en donde desconozco estos elementos. 18 días para preparar un juicio es exigir algo imposible”, comentó Pulido.
La Sala de Primera Instancia comentó que si bien hubo días en que Pulido no tuvo contrato con la Defensoría del Pueblo, desde el 6 de diciembre de 2021 a la fecha transcurrió tiempo suficiente para conocer los términos de la imputación.
Luego de que la Sala Primera Instancia rechazara la solicitud de aplazamiento, que semanas antes había solicitado Romero, este advirtió; “Yo aquí he puesto la cara todas las veces que han sido necesarias, he acudido a todas las audiencias, soy el primer interesado en que este tema se resuelva, llegar si quiera a decir que aquí lo que hay es una dilación es una falta de objetividad a lo que ha ocurrido en el proceso”, señaló.
Ante esta situación el candidato que aspira ganar en la consulta del Pacto Histórico y ser candidato presidencial en las elecciones del próximo 29 de mayo, solicitó la intervención de la Procuraduría y dijo que, “si es posible acudiré a instancias internacionales por la opresión e irrespeto, por parte de la Corte Suprema, al derecho a la defensa”.
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Respecto al futuro de esta investigación que se le adelanta, y de quien puede asumir su defensa, se refirió así, “he consultado con muchos abogados para intentar que asuman mi caso y para que estudien la manera como se ha venido adelantando estas audiencias”.
“Hay procesos que llevan años de años que no tienen este nivel de celeridad que alerté al Ministerio Publico y pondré en alerta a la comunidad internacional”, dijo.
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