Víctimas insisten en que Ley de Seguridad Ciudadana promueve el paramilitarismo

El presidente Iván Duque calificó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sancionó este martes, como una norma “precisa y novedosa”, que se constituye “un triunfo de la legalidad” y que cierra brechas a la criminalidad.

La nueva normativa se caracteriza por el aumento de penas a quien asesine a un miembro de la fuerza pública, a un defensor de derechos humanos, a un menor de edad o a un periodista que podría recibir la pena más alta que contempla la ley colombiana para este delito: hasta 58,3 años de prisión.

El jefe de Estado sostuvo que, “la reincidencia se castiga. Este es un pilar fundamental del mensaje que se quiera dar, agrava y entraña una pena ejemplarizante”, la cual, añadió, “responde a la necesidad que los ciudadanos claman, y que también claman los miembros de la Fuerza Pública, y es que, en efecto, el que la hace la paga, pero el que la hace dos veces la paga con mayor severidad”.

Al respecto agregó que el imponer penas más altas por la reincidencia en delitos significa que “los costos se elevan para los criminales”.

Pero para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) esta ley no trae beneficios reales para la ciudadanía. “La Ley de Seguridad Ciudadana habilita el uso de la fuerza letal a manos de particulares, promoviendo el paramilitarismo y criminalizando la protesta social”, sostuvo la organización.

Afirmó que la ley no se ocupa de perseguir las acciones de paramilitarismo urbano, sino por el contrario, las promueve por medio de la validación del uso de la fuerza letal para proteger la propiedad privada.

“Crea excepciones para la aplicación del principio de proporcionalidad, es decir, que cualquiera pueda hacer uso desproporcionado de la fuerza, sin que se le atribuya responsabilidad penal”, señaló Movice.

En otro punto expone que la ley crea disposiciones populistas, dentro de las que se incluye la ampliación de la condena máxima existente en Colombia, la inclusión de dos nuevas circunstancias de mayor punibilidad y un nuevo parágrafo dentro de las circunstancias de agravación punitivas, que aumenta la pena cuando se trata de actos contra la fuerza pública, la ampliación de penas y el endurecimiento de las circunstancias para la privatización de la libertad.

Otra modificación que le preocupa a las víctimas es que la nueva normativa buscaría la judicialización de quienes se manifiestan, pero no se preocupa por promover disposiciones que contribuyan a la individualización y procesamiento de los actores estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta.

“Concretamente, no muestra ningún interés por judicializar a integrantes de la Fuerza Pública que violentan a la población civil, y por el contrario, incluye en esta Ley disposiciones que contienen beneficios y privilegios para esta institución”, sostuvo Movice.

Reiteró que hay una respuesta represiva del Estado que solo contribuirá a la profundización del conflicto social y la violencia política, además de representar una flagrante desatención a las recomendaciones emitidas por la CIDH posterior a su visita de trabajo en junio de 2021.

El presidente Duque por su lado advirtió que, “Estamos diciéndoles a los que quieren intimidar a los que en los territorios defienden los derechos humanos o a los que invitan a la comunidad a rechazar siempre la violencia, el narcotráfico o a los que defienden informar a la sociedad y también a los que defienden la vida, honra y bienes derechos y libertades: les estamos dando una protección”.

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