El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, brigadier general Óscar Moreno, comunicó a la opinión pública una denuncia hecha en la mañana del miércoles por habitantes de la ciudad limítrofe. Ellos avisaron que tres cuerpos yacían a la altura de la trocha La Isla, un camino irregular entre el barrio cucuteño Viejo Escobal y el municipio venezolano de Pedro María Ureña, ubicado en el estado Táchira.
Tras acudir al llamado de ayuda de la comunidad, el equipo de la Policía corroboró la situación.
Ya la verificación se realizó. Evidentemente, encontraron estos tres cuerpos. Además de ello, se le dio toda la asistencia desde el punto de vista humanitario a las familias, a las personas que lo requerían. Las actuaciones desde el punto de vista judicial se están coordinando con nuestras autoridades, con nuestros fiscales para adelantar los diferentes eventos. Seguimos acompañando a nuestra comunidad y seguimos trabajando por nuestra ciudad de Cúcuta.
Hasta el momento, una de las familias pudo reconocer a uno de los fallecidos, quien sería de nacionalidad venezolana y se dedicaría al paso de mercancía de contrabando en la frontera.
La identidad de los otros dos muertos aún es desconocida para la opinión pública, pero hasta el momento se sabe que tenían entre 28 y 38 años de edad. Además, los cuerpos fueron encontrados en terreno venezolano, pero las autoridades colombianas cruzaron para recogerlos como acción humanitaria.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) incluyó este hallazgo como la masacre número 11 de 2022 ocurrida en territorio colombiano.
La situación en Cúcuta
En marzo de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 011/20 ante la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo armado organizado (GAO) Los Rastrojos. Para entonces, los grupos delincuenciales ya representaban un peligro para la población por la ejecución de masacres, extorsiones, confinamientos ilegales y uso de los civiles como escudo, entre otras actividades delictivas.
En dos años, la situación en Cúcuta se ha recrudecido: el Frente 33 de las disidencias está desplegado en los municipios fronterizos con Venezuela, incluido el Norte de Santander. Además, en el oriente colombiano también opera el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
En medio de la disputa por los corredores del narcotráfico y el contrabando, todos estos actores armados han dibujado fronteras invisibles alrededor de las trochas y han sembrado el terror entre los habitantes de los municipios del oriente colombiano.
El pasado viernes se supo de la muerte de otra persona que fue traída desde la frontera venezolana hasta el barrio cucuteño de Boconó, en la trocha conocida como La 51. Allí, el sujeto fue ultimado con cuatro impactos de bala de nueve milímetros y abandonado a su suerte, hasta cuando fue encontrado por la Policía de Cúcuta.
Esa problemática ocurre en simultáneo con la intención de revocar al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. La votación de esa revocatoria estaba programada para el próximo 30 de enero, pero tuvo que posponerse a una nueva fecha porque la Registraduría no alcanzará a recibir los recursos para financiar el proceso electoral.
A través de un documento, el registrador delegado para lo Electoral, Nicolás Farfán, informó al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, que no será posible cumplir con la asignación presupuestal. Por ese motivo pidió que se cambie el día de votación.
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